Ejecutivo ante el TC: ‘Ley Mordaza’ restringe derechos constitucionales

Ley de Publicidad EstatalAudiencia pública. El pleno del Tribunal Constitucional escuchó argumentos a favor y en contra de la cuestionada norma y pidió a los demandantes presentar informes centrados solo en su inconstitucionalidad. El TC tiene un plazo de 30 días hábiles para emitir su fallo. ,Ejecutivo ante el TC: ‘Ley Mordaza’ restringe derechos constitucionales,Ejecutivo ante el TC: ‘Ley Mordaza’ restringe derechos constitucionales,El Ejecutivo y los congresistas Gilbert Violeta y Patricia Donayre sustentaron ayer ante el Tribunal Constitucional (TC) las demandas que presentaron contra la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados, denominada 'Ley Mordaza'. El pleno del TC los escuchó en audiencia pública realizada en Arequipa, donde también participaron el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, y el autor de la norma, el aprista Mauricio Mulder. Dos acciones de inconstitucionalidad fueron abordadas en la sesión: una presentada por el Ministerio de Justicia en nombre del Ejecutivo, y otra por 33 congresistas. PUEDES VER CPP ratifica necesidad de que se declare inconstitucionalidad de “Ley Mordaza” La demanda del Ejecutivo fue sustentada por el procurador del Ministerio de Justicia, Luis Huerta Guerrero. Este aseguró a los magistrados del TC que la 'Ley Mordaza' atenta contra el derecho de los ciudadanos a recibir información de interés público, así como la obligación del Estado de rendir cuentas a la población. Huerta argumentó que la publicidad estatal es una vía para respetar el derecho de los ciudadanos a recibir información, reconocido en la Constitución. "(La demanda contra la 'Ley Mordaza') se debe ver desde la perspectiva de la restricción de un derecho", dijo. El procurador explicó que la demanda de inconstitucionalidad cuestiona la 'Ley Mordaza' en fondo y forma. En esa línea, recordó que antes de ser observada por el Ejecutivo, esa norma solo fue debatida y votada por la Comisión Permanente del Congreso, no por el Pleno. Las razones de fondo radican en que, según el Ejecutivo, la norma viola la libertad de expresión y vulnera la libertad de contratar con fines lícitos. Esta demanda se encuentra en manos del TC desde el pasado 22 de junio, cuando fue presentada por el entonces ministro de Justicia, Salvador Heresi. Tras la audiencia de ayer, quedó al voto. Defectos de la ley El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, dijo al TC que la 'Ley Mordaza' "tiene serios visos de inconstitucionalidad" y carece de base empírica e información fáctica que la sustente. Agregó que, por el contrario, esta se basaría solo "en intuición y especulación". Esa afirmación fue reconocida por la magistrada del TC Marianella Ledesma. "Una de las deficiencias que tenemos en el ámbito legislativo es que las leyes se dan sin ni siquiera un sustento empírico. No responden a una realidad y eso también tiene una implicancia en la labor del Tribunal", dijo Ledesma. "Sería un renacer del Congreso si incorporaran en su lógica la información empírica", agregó. En su exposición, Gutiérrez explicó que la 'Ley Mordaza' tiene un defecto en su propia lógica porque plantea que, excepcionalmente, el Estado podrá difundir publicidad en casos de emergencias nacionales o sobre campañas de educación electoral. "Es decir, sí puede informar cuándo van a realizarse elecciones o qué es el voto preferencial; pero no puede informar, por ejemplo, otros temas relevantes como el inicio de las clases escolares, la realización de campañas cívicas o las políticas públicas en la lucha contra la violencia a la mujer", explicó. El por qué se realizaron solo las mencionadas excepciones a la norma, y con qué criterio se dejaron fuera otros temas que merecen ser difundidos por el Estado fueron los inevitables cuestionamientos. En su turno frente al tribunal, Mauricio Mulder reconoció que la ley dejó fuera otras excepciones simplemente porque no fueron presentadas de manera oficial en el Congreso, como la posibilidad de permitir que se coloque publicidad en medios extranjeros sobre los destinos turísticos del Perú. Por su parte, el legislador Gilbert Violeta, de la bancada oficialista de Peruanos Por el Kambio, alertó que el Estado tampoco puede publicitar, por ejemplo, campañas de donación de sangre. Al ser consultado sobre este tema por la prensa, Mulder dijo que las personas que hacen este tipo de campañas tendrán que caminar, poner afiches en las postas y hablar y difundir. "Si no llega ningún medio, tendrá que cubrirse de alguna otra manera”, indicó. Los afectados El defensor del Pueblo explicó luego que la 'Ley Mordaza' afecta a las poblaciones vulnerables que, por lo general, tienen acceso limitado a Internet por desconocimiento o falta de conectividad. Ello en referencia a que la citada norma plantea que las instituciones del Estado utilicen sus redes sociales para difundir información, en lugar de hacerlo en canales de televisión, radios o medios escritos privados. "Hay base empírica para demostrar que afecta derechos fundamentales; por ejemplo, por más que haya conectividad, existe una brecha digital entre adultos mayores y los jóvenes. (Los primeros) no van a poder acceder a información sobre políticas públicas y sus derechos. Encontramos en este punto una discriminación sin motivo", sustentó. Los legisladores Violeta y Donayre agregaron que la norma respondió al deseo de un sector del Congreso de intimidar y censurar a los medios de comunicación críticos con la labor de ese poder del Estado, así como a la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo. "Es una ley de claro contenido político, basado en la confrontación entre el Parlamento y el Ejecutivo, que ha desencadenado una clara afectación a los 31 millones de peruanos", dijo Violeta. La congresista Donayre explicó que al restringir el derecho de los ciudadanos a recibir información relevante del Estado, también se limita la participación ciudadana en las decisiones que toman las autoridades. Violeta y Donayre representaron a los 33 congresistas que presentaron una denuncia de inconstitucionalidad contra la 'Ley Mordaza'. La vía del TC marcha en paralelo a los proyectos de ley que han presentado parlamentarios de distintas bancadas para derogar la cuestionada norma y regular la publicidad estatal en lugar de prohibirla. El presidente del Congreso, el fujimorista Daniel Salaverry, aseguró recientemente que "ha llegado la hora" de revisar la 'Ley Mordaza', pero luego su lideresa, Keiko Fujimori, se refirió a esa norma como un logro parlamentario. Ambas posturas contradictorias dejan entrever que las propuestas legislativas para modificar la ley quedarían relegadas. El camino más accesible para zanjar el tema sería solo el TC. El organismo constitucional tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para emitir su fallo. Su presidente, el magistrado Ernesto Blume, solicitó a las partes involucradas que le presenten informes que se centren en la inconstitucionalidad o no de la ley. El Consejo de la Prensa Peruana adelantó que confía en que el TC respete su tradición en materia de libertad de expresión y declare fundada la demanda contra la cuestionada ley. Procurador Huerta: "Todos tienen derecho a recibir información" - El procurador público especializado en materia constitucional del Ministerio de Justicia, Luis Huerta Guerrero, explicó que el argumento principal para que el Estado pida la inconstitucionalidad de la 'ley Mulder' o 'ley mordaza' se basa en el principio de la defensa del derecho de toda persona a recibir información y en la defensa de la obligación del Estado de hacer respetar y garantizar el cumplimiento de ese derecho ciudadano. - Durante la exposición de sus argumentos en la sesión de ayer en el Tribunal Constitucional, Huerta señaló que la ley aprobada en el Congreso, y que prohíbe al Estado a contratar publicidad en medios de comunicación privados, "viola el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir información de parte del Estado". Por eso se ha presentado una demanda contra la norma completa. - Además, el procurador leyó parte del informe técnico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. - De acuerdo con Huerta, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, ha informado que la 'ley Mulder' carece de precedentes en la región y presenta serios problemas a la luz del marco jurídico interamericano. - En su presentación, el procurador Huerta insistió en que la 'ley Mulder' le impide al Estado compartir con sus ciudadanos información indispensable. - En ese sentido, contó que si la norma se mantiene vigente, el Ministerio de la Mujer no podrá implementar su campaña de comunicación en contra de la violencia de género. - Asimismo, Huerta dijo que el Ministerio del Ambiente tampoco podrá informar sobre sus campañas contra la contaminación. Del mismo modo, el Ministerio de Agricultura estará impedido de desarrollar sus campañas para prevenir las heladas o difundir el plan nacional de cultivos. Huerta insistió en que este es un problema que, en realidad, atraviesa a todo el sector público. - Un punto importante que la defensa del Estado desarrolló también tiene que ver con la necesidad de establecer pautas o garantías mínimas que deberían seguirse al momento de analizarse y evaluarse, en el Congreso, normas vinculadas con el ejercicio de derechos fundamentales. - En ese sentido, cuestionó que la 'ley Mulder', con todo lo que implica, haya sido exonerada del debate en comisiones especializadas. "Se presentó un proyecto de ley con una sola hoja y de un solo párrafo", sostuvo Huerta. Walter Gutiérrez - Defensor del Pueblo “El problema con leyes como esta es que no están debidamente fundamentadas (...) Veo solo intuición y especulación. Tiene visos de inconstitucionalidad”. Patricia Donayre - Congresista “Hubo desnaturalización del procedimiento legislativo (en la aprobación de la ley). No existió justificación razonable para exonerarla de comisiones”. Gilbert Violeta - Congresista “Es una norma de claro contenido político, basado en la confrontación entre el Parlamento y el Ejecutivo, que afecta a 31 millones de peruanos”. Rodrigo Villarán - Consejo de la Prensa Peruana “Confiamos en que el Tribunal respete su tradición en materia de libertad de expresión y declare fundada la acción de inconstitucionalidad”.