La normalización de la inmoralidad

"Quien está dispuesto a no comportarse de manera ética frente a la responsabilidad de impartir justicia, ha dejado el campo abierto a cualquier transgresión o distorsión de sus funciones".,Esta es una guerra de supervivencia y no debemos perderla porque perderíamos mucho. Todos. Como sociedad. Los magistrados corruptos implicados en los audios #Lavajuez han venido planteando desde un inicio, como estrategia, lo ético como descartable y lo legal como única medida de toda punición. Su consigna ha sido: no es ilegal, podrá ser antiético pero no es delito. Además de ser esto una verdad a medias pues existen códigos de conducta ética del funcionario público, en este intento por zafar cuerpo los pervertidos funcionarios impulsan peligrosamente una tentativa de normalización de la inmoralidad haciéndola pasar por amoralidad. La amoralidad implica que no se aplica la moral a una determinada situación porque no corresponde a esa esfera de control o crítica, o en el caso de una persona, implica que no tiene un sentido de la moral, de lo que es correcto o incorrecto, por tanto no la aplica como medida de control a sus acciones. Mientras que la inmoralidad implica que el sujeto conoce las costumbres morales y que a sabiendas de ellas las transgrede. En el caso de los magistrados de los audios, ellos reconocen que sus acciones son inmorales, antiéticas pero que al no entrar a la esfera de lo legal, no los hace sujetos de perder el puesto o de ser procesados por algún delito. Es decir, no se trata de gente que no diferencia entre el bien y el mal, sino que ha reducido – convenientemente para sus fechorías – el bien y el mal a lo que está escrito en la ley. En otras palabras, le otorgan a lo ético un exilio de lo legal y a lo legal un exilio de lo ético. Cuando las leyes tienen un sustento espiritual en lo moral. En lo moral como costumbres dinámicas y en lo moral como construcción cultural que regula la vida en sociedad, tanto como lo hacen las leyes. Proponer, como están haciendo ellos, que lo ético no los condena porque no es ilegal, es un salto temerario que solo responde a su desesperación por aferrarse al cargo de poder y favores que ostentan, y postergar lo inevitable, un proceso y la cárcel. Su desconexión con el fin último de su profesión –la gente a la que deben impartir justicia– es tan procaz que no parecen darse cuenta de que esa defensa de que lo antiético no los condena, los hunde más. Ese intento de distorsión de la función integral de un alto magistrado cuyo deber primero y último es ser un guardián nacional de la justicia de los peruanos, evidencia que son gentes sin ningún sentimiento social, sin ápice de vocación real por la justicia, sino más bien mercenarios que se han acomodado en puestos de poder desde los cuales han usufructuado indolentemente, vergonzosamente, para sí mismos, sus familiares, convenidas y convenientes amistades y aliados de lo corrupto e inmoral. Un funcionario, en cualquiera de los niveles del ejercicio de impartición de justicia que se pone al margen de la ética es un funcionario que promueve y permite que la justicia se corrompa. Y esa es la otra falacia del argumento de los funcionarios de los audios, pretender que la conducta antiética no tiene consecuencias de orden legal. Quien está dispuesto a no comportarse de manera ética frente a la responsabilidad de impartir justicia, ha dejado el campo abierto a cualquier transgresión o distorsión de sus funciones. Como es preguntar si el violador de una niña de 11 años quiere absolución o reducción de la pena y luego salir a decir que solo era una pregunta. O preguntar por un contrato ficticio para beneficiar a un familiar aunque luego este contrato no se cumpla, y luego salir a decir que solo se estaban haciendo preguntas. O salir a decir que mintió para mantener la solidez de una institución, como ha dicho Chávarry, el Fiscal de la Nación que excusa para sí mismo el acto de mentir. Es ocioso explicar la incongruencia absoluta de su cargo y responsabilidades con las acciones de mentir reiteradamente y luego incluso justificar esas mentiras. Chávarry va a tener que irse, pese al apoyo de otros mentirosos supremos que lo han ratificado (o justamente por eso), pese al blindaje que desde el Congreso le prodiga el fujiaprismo, igual de inmoral. Y nosotros, desde el periodismo, el activismo, la sociedad civil, no debemos cejar un segundo esta lucha contra el lenguaje distorsionador, la lógica pervertida de la ética como descartable, y el intento de normalización de la inmoralidad que los peores en el poder están pretendiendo.

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