No inventaron la corrupción. Son la nueva manifestación de un esquema que se instaló desde la fundación de la República.,“Las redes de corrupción enlazaban a ministros, parlamentarios, jueces y hombres de negocios, así como a ciertos abogados que actuaban como intermediarios claves”, es una descripción que parece referirse a la situación del Perú después de la difusión de las escuchas telefónicas a autoridades judiciales. Pero en realidad se trata de una referencia del historiador Alfonso W. Quiroz sobre lo que sucedía en el país en la segunda mitad del siglo XIX. El supremo César Hinostroza Pariachi, el superior Walter Ríos Montalvo y los jueces señalados como integrantes de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, el club de los “hermanitos”, no inventaron la corrupción. Son la nueva manifestación de un esquema que se instaló desde la fundación de la República. Como lo documenta la historiadora Miriam Salas Olivari en El presupuesto, el Estado y la Nación en el Perú decimonónico y la corrupción institucionalizada, 1823-1879 (2016), tanto los defensores como los detractores del famoso Contrato Dreyfus -suscrito por el gobierno de José Balta el 5 de julio de 1869, supuestamente para salvar de la bancarrota económica al país-, se acusaron de haber pagado sobornos. A los empresarios del guano afectados por el contrato se les atribuyó haber sobornado a jueces de la Corte Suprema de Justicia para conseguir un fallo que les permitía mantenerse en el millonario negocio. Episodios similares han sido expuestos por las escuchas telefónicas que alcanzan a jueces supremos. Las prácticas corruptas descritas por Quiroz y Salas no difieren mucho del tipo de actividades ilícitas de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, que apelaban al tráfico de influencias para designar jueces y cobrar coimas a cambio de torcer sentencias según los intereses de cada “cliente”, igual que en el siglo XIX: “Parlamentarios y jueces, juntamente con las autoridades del Ejecutivo, participaron de modo más amplio en el tráfico de influencias y corruptela”, señala Quiroz en Historia de la corrupción en el Perú (2013). El historiador Javier Tantaleán Arbulú no dudó en afirmar en La gobernabilidad y el leviatán guanero (2011), que los increíbles ingresos por la exportación del guano que se registraron entre 1846 y 1869 fueron devastados “por un nivel de corrupción descomunal y excepcional”, en el que el sistema judicial cumplió un papel determinante. El caso de “Los Cuellos Blancos del Puerto” debería servir para terminar de una vez con la histórica corrupción en el sistema judicial. De lo contrario, la corte de los “hermanitos” continuará vendiendo sentencias a los que tienen más dinero para pagarlas, como ocurre desde el siglo XIX.
