Está sobrerregulado y presenta inconsistencias. Mientras que los procedimientos que siguen las empresas para obtener la concesión de esas mismas tierras son más sencillos y rápidos. Alertan que esta situación puede generar graves conflictos como las que ya están ocurriendo en Ucayali. ,Un nuevo estudio de World Resources Institute-WRI (Instituto de Recursos Mundiales) y de Center for International Forestry Research-CIFOR (Centro de Investigación Forestal), señala que la titulación de tierras indígenas sigue estando sobrerregulada a pesar del derecho al territorio que tienen los pueblos originarios. PUEDES VER: Fiscalía Suprema amenaza con procesar a IDL y Panorama si no revelan fuentes Este complicado proceso tiene 19 pasos obligatorios desde el punto de vista jurídico y obstáculos adicionales. La tramitación empieza con la obtención de la existencia legal de la comunidad. Luego viene la solicitud del título de propiedad que implica una visita de inspección de parte de la Dirección Regional Agraria. Enseguida, el tratamiento de conflictos con los colindantes y ocupantes de tierras aledañas. Posteriormente, los especialistas de la Dirección Agraria realizan un proceso técnico denominado levantamiento de suelos, el mismo que se interrumpe si hay concesiones forestales superpuestas o invasores que se presentan como posesionarios. Superados estos pasos, el ente agrario regional emite la resolución que aprueba el mapa territorial y se otorga el título que debe inscribirse en el Registro Nacional de Tierras. Pero, la ansiada formalización de la propiedad de sus tierras no significa el reconocimiento legal de todo su territorio ancestral sino de una parte de él. En cambio, a las empresas les puede llevar entre un mes y cinco años la obtención de una concesión sobre esas mismas tierras. La celeridad depende del aprovechamiento de los vacíos de la ley que algunos empresarios suelen hacer. De ahí que el estudio de CWR y CIFOR recomendó aplicar un proceso más sencillo, reconocer del derecho que tienen los indígenas a los recursos en sus territorios, mantener en la mira a las empresas para que cumplan la ley y aplicar la consulta libre e informada. Alertó que el tratamiento diferenciado que se dá a las solicitudes de titulación pueden generar graves conflictos como ya está ocurriendo en Ucayali. Al respecto, el ingeniero Antonio Collantes, de la Dirección Regional Agraria de Ucayali, manifestó que la labor de su dirección se ve limitada debido a los escasos recursos financieros con que cuenta. Precisó que los montos que transfiere Cofopri están destinados al saneamiento de tierras individuales de parceleros. Dijo que Saweto, Santa Clara de Uchunya y Sol Naciente de Masisea son las comunidades que sintetizan las dificultades que enfrentan los pueblos indígenas para obtener la titulación de sus tierras. Saweto esperó 11 años. El trámite se entrampó debido a la presencia de concesionarios madereros dentro de su territorio. Sol Naciente fue atendida después de 25 años porque también fue invadida. Y Santa Clara de Uchunya lucha actualmente con traficantes de tierras que deforestan sus territorios para entregarlos a empresarios que cultivan palma aceitera. El funcionario lamentó que en Lima se manejen ideas estereotipadas para evitar la titulación de tierras comunales. Señaló una de ellas: “para qué quieren los indígenas más tierras si no las trabajan”.
