Odebrecht y Fiscalía buscan superar desacuerdos para levantar suspensión

Caso Lava JatoDesde el pasillo. Brasil ha pedido a la fiscalía peruana que aclare las críticas de la constructora brasileña para restablecer la cooperación internacional. Abogados de Odebrecht y fiscales buscan en Lima un acuerdo para superar la crisis.,Los abogados de Odebrecht y el Equipo Especial del caso Lava Jato en el Perú trabajan en un nuevo acuerdo que permita superar la mutua desconfianza, relanzar el acuerdo de colaboración y recuperar la cooperación de Brasil. Las conversaciones se han sucedido el miércoles y jueves, en la sede del Ministerio Público, luego de que este diario revelara que la Procuraduría Federal de Brasil, a petición de Odebrecht, suspendió la colaboración con el Perú. Retomar las conversaciones no ha sido fácil, revelaron fuentes del Ministerio Público. El fiscal Hamilton Castro y su equipo creen que Odebrecht les ha ocultado pruebas deliberadamente y que ha creado el problema en Brasil, con el propósito de crear las condiciones para que el nuevo fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarri, lo retire del caso. Asfixia y oportunidades Los abogados de Odebrecht consideran que mientras Castro esté al frente de las investigaciones, nunca alcanzarán un acuerdo de colaboración que permita levantar las sanciones económicas que impuso el Decreto de Urgencia 003-2017. La ley que crea el fideicomiso los está ahorcando económicamente y desde su oficina principal les han dado plazo hasta diciembre para encontrar una solución o cerrar sus actividades en Lima. Esta desconfianza se ha venido incubando desde hace meses y, aunque parezca extraño, es impulsada desde otros sectores del Ministerio Público, al abrir puertas paralelas de negociación. En este momento, para la empresa brasileña es más ventajosa la estrategia de investigación que plantean las fiscalías de lavado de activos. Con el acuerdo de no incriminación, solamente tienen que declarar los hechos y automáticamente recibirían lo que llevan un año y ocho meses pidiéndole al fiscal Castro. Al firmar los compromisos de no incriminación bajo la ley brasileña, la Fiscalía ya no los puede perseguir penalmente ni usar contra ellos ninguna de las pruebas que podrían surgir. La constructora brasileña ni siquiera debe negociar el pago de una reparación civil, aunque después sus testimonios no tengan ningún valor. Se les premia solo por declarar. Con la colaboración eficaz eso no es posible. Se les pide declarar, entregar pruebas, verificarlas, confirmarlas y, luego, recién se les da los beneficios. En este contexto, la desconfianza de Castro no deja de tener razón, aunque podría ser exagerada. Amigos o enemigos Otro tema que enrarece las negociaciones es una extraña descoordinación producida en los últimos días en las fiscalías de lavado de activos. Brasil suspendió la colaboración con el Perú a partir de la decisión del fiscal de lavado de activos, José Castellanos, de allanar los archivos de Odebrecht, en los almacenes de la empresa Polysistemas. El martes, en diálogo con los periodistas judiciales, el fiscal Rafael Vela Barba dijo que Castellanos tomó una decisión sin su conocimiento. Eso podría ser verdad, pero no va con la imagen que él proyecta de este sistema. La República sabe, por diversas fuentes, que aproximadamente hace un mes Castellanos solicitó apoyo al fiscal José Domingo Pérez para sustentar ante un juez la solicitud de allanamiento de Polysistemas. Pérez le negó el apoyo y lo despidió de mala manera. Este choque y los motivos fueron conocidos en la sede de las fiscalías de lavado de activos. Por eso, cuando días después la fiscal Manuela Villar amplió las indagaciones sobre los aportes a la campaña del 2006 de Alan García, precisó en su resolución que quedaban fuera de su marco de investigación los aportes de Odebrecht que ya veía Pérez, para evitar cualquier roce destemplado con su colega. Castellanos siguió adelante sin que nadie en la Fiscalía ni en el Poder Judicial le advirtiera que los documentos de Odebrecht en Polysistemas ya estaban a disposición de la Fiscalía. El juez Richard Concepción Carhuancho tuvo en revisión por casi dos semanas el pedido, antes de conceder el allanamiento. La Fiscalía de Lavado de Activos tuvo el tiempo suficiente para evitar el conflicto. La República y otros medios han advertido reiteradamente de la falta de coordinación entre las fiscalías de lavado y las de corrupción, justo para que no se den estos eventos. El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ha pedido muchas veces que ambos sistemas coordinen en todos los temas relacionados con Lava Jato. Pero parece que muchos ya no lo consideran el titular del Ministerio Público. La descoordinación se presentó en el interior de las fiscalías de lavado de activos, dándole la oportunidad a Odebrecht para traerse abajo el preacuerdo firmado con el Equipo Especial que la obliga a relatar los hechos, entregar las pruebas y negociar una reparación civil. La salvación no llegó Así, el martes 3 de julio a las 6:21 p.m., hora de Brasil (4:21 p.m. en el Perú), la secretaria de cooperación internacional de la Procuraduría General de Brasil tomó el acuerdo de suspender la testimonial de Hilberto da Silva y toda la cooperación con el Perú. Un correo al que ha tenido acceso este diario, enviado por el asesor jefe jurídico de la secretaría de cooperación internacional de Brasil, Tiago Santos Farias, no deja dudas sobre el motivo para suspender la testimonial del director del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, Hilberto Mascarenhas da Silva. El e-mail esta dirigido a Flávia Arrutia, procuradora del Estado de Bahía. Hilberto da Silva, dice el correo, solicitó suspender su colaboración por el allanamiento del local de Odebrecht que llevó adelante el fiscal Castellanos. El reclamo de Da Silva dio más realce a la petición que, sobre el mismo tema, habían presentado los abogados de Jorge Barata y Odebrecht. La constructora brasileña sustentó su petición, debidamente fundamentada, en tres aspectos. Uno, el proceso de colaboración eficaz en el Perú no tiene plazo y se puede extender indefinidamente dejando en desprotección legal a la empresa, la cual es atacada económicamente por el Estado peruano en base a su propia confesión. Dos, la fiscalía peruana incumple el preacuerdo al no darle un paraguas legal, mientras se tramita el acuerdo de colaboración eficaz. Y tres, el Equipo Especial utiliza las declaraciones de Marcelo Odebrecht en su delación premiada en Brasil para sustentar ante los jueces que la constructora es una “organización criminal internacional”. Empate Las quejas de Odebrecht tienen un sustento que los mismos fiscales peruanos le facilitan. Brasil, que protege a sus colaboradores, ha pedido al Perú que aclare estos temas para tomar una decisión definitiva. El Equipo Especial también tiene sustento para demostrar que Odebrecht no ha cumplido con revelar todo. El 27 de febrero del 2017, pidió información sobre 24 anotaciones que aparecen en archivos de “MyWebDay” relacionados con igual número de obras donde se habrían producido actos ilícitos. Esto es mucho más de los casos que ha revelado Barata. Entre los proyectos sobre los que ha pedido información están las obras de saneamiento en Iquitos, Olmos, Bayóvar, Interceptor Norte, y obras en Ayacucho, Chimbote y Aguaytía, que, según la fiscalía, hasta ahora no tienen respuesta. La primera semana de junio de este año, la fiscalía reiteró el pedido y señaló información que Odebrecht tenía obligación de entregar, pero que se ha conocido por la prensa, como los pagos en las cuentas de Andorra y la carretera de Aguaytía. Sin embargo, la fiscalía debe entender que debe encontrar una salida, dentro del marco de la ley, a la situación de la empresa. Odebrecht debe tener la seguridad de que hablar, como sucede en Brasil, le rendirá un beneficio. El éxito del caso Lava Jato en Brasil se sustenta en la garantía y protección jurídica que los fiscales dan a las empresas acogidas a la delación premiada. Eso falta en el Perú en la lucha anticorrupción. Brasil ha pedido al Perú que aclare críticas de Odebrecht - El correo que intercambiaron los procuradores Tiago Santos y Flávia Arrutia aclara lo que sucedió el martes en Salvador de Bahía. “Conforme conversación telefónica, informo que recibimos una llamada del abogado Phillippe Alves do Nascimiento, que representa a Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, afirmando que este último no cooperaría en testimonio previsto, en vista que se había realizado una audiencia de búsqueda y aprensión en la sede de la empresa en Lima (...), que supuestamente está en contradicción con los acuerdos firmados por las autoridades de aquel país, con los colaboradores brasileños”. - Por esto suspende la cooperación judicial y pide al Perú que aclare lo dicho por Odebrecht.