El Informante: Perseguido en la ONPE, por Ricardo Uceda

Vicisitudes de un funcionario público que cumple con su deber. ¿Por qué cayó en desgracia Yorlank Arenas? Dos procesos abiertos y un tercero por venir. La tremenda fiscal. Cuando el liderazgo no funciona.,El abogado Yorlank Arenas, de 35 años, ha desempeñado varios cargos en la administración pública. Desde que egresó de la Universidad Garcilaso de la Vega ha trabajado en Registros Públicos, el SAT, el RENIEC y el JNE, antes de ingresar a la ONPE en 2014. A todos los cargos accedió por concurso público. En su vida no hay denuncias penales ni en su carrera sanciones o llamados de atención. Cuando ingresó a la ONPE accedió a un cargo de asistente legal, aunque esperaba buscar una posición mejor en otra entidad del Estado, de acuerdo con sus aptitudes. Al poco tiempo, en la misma ONPE, se abrió un concurso para jefe de la sección en la que precisamente trabajaba: la Oficina de Atención al Ciudadano. No postuló porque la persona que le había avisado sobre la oportunidad de trabajo en la ONPE también lo hacía. Pero el concurso fue declarado desierto. Hubo una segunda convocatoria y decidió participar. PUEDES VER ONPE solicita S/ 2 millones adicionales para supervisar fondos partidarios "O tú o yo" Ganó, y fue así como se convirtió en jefe de sus compañeros. Solo él de los 34 postulantes pasó el examen escrito. Con esta performance, más su aceptable hoja de vida, ya no tuvo problemas en la fase posterior y última, la entrevista personal. Su oficina es importante, aunque no tiene que ver directamente con la organización de las elecciones: aparte de atender al público, recibe las notificaciones de las organizaciones políticas y emite las que hace la ONPE. Por la delicadeza de estos trámites, los procedimientos están minuciosamente preestablecidos. Yorlank Arenas cumplía su deber con satisfacción, según su entender, hasta que le nombraron una nueva jefa. La Oficina de Atención al Ciudadano depende de una subgerencia que a su vez reporta a la Secretaría General. Los principales funcionarios de la ONPE fueron removidos en 2017, con la llegada de Adolfo Castillo, hoy investigado en el CNM por supuesto favorecimiento a Podemos Perú. En la Secretaría General salió María Cecilia Espinoza, que no satisfizo a la administración entrante: su empeño por cumplir formalidades demoró la inscripción del partido favorito. Su reemplazante fue Ricardo Pajuelo, un abogado funcional a la nueva administración. Castillo lo conminó a renunciar tras las denuncias periodísticas. “O eres tú o soy yo”, le dijo, según declaró Pajuelo a Cuarto Poder. La nueva administración cambió también a la subgerente de Atención al Ciudadano, Sonia Zapana. Era la jefa de Yorlank Arenas. Ingresó Laura Silva, una fiscal adjunta que para ocupar el puesto pidió licencia en el Ministerio Público. No tenía experiencia en gestión pública. Arenas se dio cuenta que uno de sus intereses principales era apurar la inscripción de Podemos. Por no sacarlo Hasta aquí, adviértase que en la ONPE ocurre lo que en cada organismo público cuando aparece un nuevo ministro. Los antiguos funcionarios dejan el lugar a otros que ocupan los cargos de confianza, en muchos casos sin experiencia ni idoneidad. Pero en la ONPE, de acuerdo con los indicios publicados en distintos medios, se instaló un grupo de poder en un proceso que comenzó con el amañado nombramiento de Adolfo Castillo por el CNM. A partir de entonces, los operadores que Podemos –que eran los mismos de anteriores elecciones fraudulentas– pasaron a controlar paulatinamente la ONPE. Ante todo para inscribir a Podemos el 2017, cuya entrega de firmas que debía cumplir ciertas formalidades para ser admitida y así pasar a la segunda fase, consistente en verificar su autenticidad. El caso de Yorlank Arenas demuestra que cuando un organismo público funciona adecuadamente, como venía haciéndolo la ONPE, no basta el cambio de jefes, gerentes y subgerentes para corromper los procedimientos. Más abajo hay funcionarios como Yorlank Arenas que sí los obedecen. Tendrían que haberlo sacado también a él. Cuando llegó, en 28 cajas, el primer lote de firmas de Podemos, el personal de Arenas empezó a revisarlo para ver si las formalidades se cumplían. Una de ellas era que las listas de firmas debían ser continuas, sin espacios en blanco entre cada una. En ese caso, se devolvían. Laura Silva habló con Arenas para preguntarle cómo iba la revisión. Le ofreció más personal para que avanzara más rápido: solo tenía que pedírselo vía memorándum. Presión alta Arenas se negó, bajo el razonamiento de que pedir ayuda extraordinaria para atender más rápido a una organización política y no hacerlo con otra era un grado de discriminación. Silva de todos modos le envió más personal, enviado por la oficina del verdadero jefe de la ONPE, el Asesor I Fernando Obregón, quien ya había renunciado. Hay prueba documental. Luego le pidió el proyecto de su informe (también hay prueba), y entonces supo que Arenas reportaba espacios en blanco. Hay testimonios de que presionó a su subordinado. Uno de Susana Guerrero, la despedida gerenta de asesoría jurídica. Otro de la ex Secretaria General María Cecilia Espinoza, indicando que ella trataba con los funcionarios de Podemos Perú. Yorlank Arenas, finalmente, envió su informe reportando las deficiencias. Luego, Silva y los confabulados para ayudar a Podemos enviaron la conformidad de las planillas al JNE, y el proceso siguió según ya se denunció ampliamente. Cuando aparecieron las denuncias y Adolfo Castillo era investigado por el CNM, y Fernando Obregón y Ricardo Pajuelo fueron obligados a renunciar, comenzó un proceso de persecución contra Arenas, culpable no tanto de haber enviado su informe con reparos hacia Podemos, sino por haber documentado diversas anomalías del proceso en reportes internos. Tres preguntitas Aunque el rostro de los denunciantes fue Susana Guerrero, el desconocido era Arenas. Está suspendido mientras se lo procesa por dos supuestas irregularidades: la pérdida de un documento presentado por Podemos Perú y omisiones en un informe a la Secretaría General. Se avecina un tercer proceso por haber, supuestamente, permitido que personas extrañas a la ONPE ingresaran a su oficina. Mientras tanto, Laura Silva ha regresado al Ministerio Público. El CNM la ascendió a fiscal provincial contra el Crimen Organizado. En su entrevista pública ante los consejeros puede verse que solo dura ocho minutos. La primera pregunta es qué piensa de la pena de muerte. Violaría el Pacto de San José, dice sabiamente. La segunda, qué piensa del grado de cumplimiento de los reglamentos (esto porque alguna vez no presentó declaración jurada). Deben cumplirse, dijo. La tercera: ¿cómo así tiene un préstamo hipotecario por un millón de soles? Ahorramos mi esposo y yo, respondió. Eso fue todo. Así nombra magistrados el CNM.