La Ley Mulder solo merece la declaratoria de inconstitucionalidad o la derogatoria total.,En tanto el Tribunal Constitucional (TC) admite a trámite las demandas de inconstitucionalidad contra la ley que prohíbe la contratación de publicidad estatal en los medios privados, iniciando un proceso que conforme a los valores democráticos deberían concluir con su retiro del sistema jurídico peruano, el fujimorismo da muestras de retroceso solo después de dos semanas de aprobación de dicha norma. Este retroceso, que está lejos de ser un arrepentimiento, está acompañado de reflexiones que se resisten a reconocer el carácter arbitrario e inconstitucional de esta norma, pero abre la puerta a cambios que permitan regular excepciones. El problema reside en que al ser tantas las excepciones, las iniciativas de los legisladores fujimoristas adoptan el cariz de una respuesta desordenada a las críticas a una ley abiertamente prohibicionista. A los reclamos de los medios de las zonas más alejadas, se suman los de las cajas municipales, empresas de saneamiento, universidades, empresas públicas, organismos recaudadores, programas específicos como Mivivienda, o campañas ineludibles como contra la anemia o sobre riesgos de desastres o seguridad ciudadana, entre otros. La legisladora Karla Schaefer pretende que se legisle sobre las radioemisoras de provincias y que lleguen a zonas alejadas del país sin modificar la Ley Mulder; su colega Lourdes Alcorta indica que se encuentra elaborando una propuesta que modifique esta cuestionada norma; en tanto que el presidente del Congreso, Luis Galarreta, a poco de concluir su incalificable gestión, señala que la ley ya contempla excepciones. Otros legisladores provincianos han empezado a hablar en voz alta sobre la necesidad de cambios. A estas alturas, lo más conveniente es que se deje al TC avanzar en el proceso de análisis sobre la inconstitucionalidad de esta norma y que con ese propósito, la parte demandada, que es el Congreso, asuma ante el máximo organismo de control constitucional la defensa de esta ley en los términos argumentativos en que la mayoría votó por aprobarla a pesar de la observación del Ejecutivo y las advertencias sobre su improcedencia. En otro camino, si el Congreso desea corregir este abuso contra la libertades y derechos, debería derogar la norma en un único acto, y dejar que el Ejecutivo reglamente la norma anterior, lo que no se hizo por responsabilidad de tres gobiernos y no por pedido de los medios de comunicación o de los lectores u oyentes. Es riesgoso que este tema ingrese a una etapa de iniciativas parciales que no aborden el tema de fondo que es la vulneración de la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho del Estado a contratar campañas de interés público. Más riesgoso aun es que el fujimorismo, principal autor de ese desaguisado, pretenda producir cambios en esta legislación presionando por cambios en las líneas editoriales de algunos medios de comunicación, un viejo método ya utilizado en los años noventa por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.
