Entrevista a Salvador Heresi. Ministro de Justicia, congresista de la bancada de Peruanos por el Kambio (PPK) y secretario general del partido de gobierno.,El ministro de Justicia, Salvador Heresi, considera que el Tribunal Constitucional puede anular la llamada ‘Ley Mordaza’ en 15 días. Sin embargo, también evalúan presentar una medida cautelar para evitar sus efectos, así como un proyecto de ley que sería la ocasión para un diálogo del gobierno con las diferentes fuerzas políticas del Congreso. PUEDES VER El futuro de la ‘Ley Mordaza’ quedó en manos del TC ¿Cuáles son los argumentos de la demanda ante el TC? En lo formal, que el proyecto de ley no haya pasado por las comisiones de Justicia y de Constitución. Cada vez que se elabora un proyecto de ley, más aún en un tema polémico que requiere debate púbico y análisis ponderado, esto lo permite el trabajo en comisiones. Y no hay que olvidar el contexto político con declaraciones desafortunadas hasta del presidente del Congreso y otros. Hay evidente actitud de revancha contra determinados medios de comunicación. ¿Y argumentos de fondo? La ley colisiona con dos derechos fundamentales: de acceso a la información que tiene todo ciudadano y del Estado de informar a sus ciudadanos. De estos, se desprenden otros: libertad de expresión, de contratación y principio de igualdad ante la ley porque al decir que la publicidad estatal solo se haga a través del Estado, se promueve un monopolio. ¿Se demanda anular toda la norma o dar excepciones? Totalmente, porque esa ley dice que regula, pero lo que hace es prohibir groseramente. En paralelo, la idea del Ejecutivo es abrir un diálogo con la presentación de un proyecto de ley para regular el uso de recursos en publicidad estatal. Y debatimos la posibilidad de presentar una medida cautelar. Por la gravedad de los derechos afectados, los magistrados del TC pueden por control difuso excepcionalmente resolverla dejando en suspenso la aplicación de la ley. El presidente del TC, Ernesto Blume, dice que no procede. Como ministro de Justicia me parece que sí podría proceder, más aún cuando este TC es proclive a asumir retos jurídicos que consoliden la institucionalidad democrática. Sería una medida cautelar dentro del proceso de inconstitucionalidad. La puede presentar el Ejecutivo como puede la bancada de PPK o la Sociedad de Radio y Televisión. ¿Se evalúa la posibilidad de presentar una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? La Corte Interamericana, donde derivaría, podría decir que agotemos la vía interna. Hago una exhortación democrática a los magistrados del TC para que la vista de la causa sea lo más pronto. Si quieren, lo puede resolver en 15 días. Es un escenario optimista. Tenemos que ser optimistas: el TC está conformado por magistrados que ya han dado señales de posiciones firmes, por ejemplo, sobre la llamada ‘Ley Antitransfuguismo’, que cortaba a los congresistas el principio de no estar sujetos a mandato imperativo. Entonces se pronunció rápido, y ahora la situación es más grave. Blume debe convocar a los miembros del TC para evaluar tiempos. Ha dicho que hay un ánimo de revancha. ¿Por qué? Quienes estamos en política debemos tener talante democrático para saber aceptar la crítica, hasta la injusta. La República muchas veces ha sido crítica conmigo de modo bastante fuerte. Pero eso jamás me motivaría a plantear normas revanchistas. Eso es antidemocrático e infantil. Keiko Fujimori ha dicho que el presidente Vizcarra está mal asesorado... Me toca hasta cierto punto esa crítica porque el asesor del Ejecutivo es el ministro de Justicia. La opinión de la señora es absolutamente equivocada y creo que quien está mal asesorada es ella, más aún, el no ser abogada no le permite darse cuenta que la norma aprobada es bastante peligrosa y obvia. Quien tiene dos dedos de frente de interpretación política piensa que aquí hay una situación que va más allá de la salvaguarda de los recursos que se invierten en publicidad. Hay un tema de enfrentamiento con determinados medios de comunicación. ¿Las palabras de Fujimori pueden interpretarse como una advertencia considerando lo ocurrido con Kuczynski? Son escenarios totalmente diferentes. El caso del presidente Kuczynski se debilita por una vinculación con un tema que ha golpeado transversalmente a la política nacional como es el caso Lava Jato, que por ciento involucra a Fuerza Popular, al Partido Aprista, a la propia izquierda, lo que no sucede con Martín Vizcarra. No vamos a encontrar un escenario de vacancia por incapacidad moral. Quizá encontremos una fuerte oposición pero estamos preparados para enfrentarla. Hay una ley del 2006 que regula la publicidad. ¿Por qué el Ejecutivo no la reglamentó? Han pasado 12 años y es lamentable que los gobiernos de turno desde el 2006 a la fecha no hayan reglamentado esta norma. Lamentablemente, ahora la reglamentación no tendría ningún sentido existiendo la nueva ley, solamente sería aplicable esta norma, que no ha sido derogada, y su reglamentación en las excepciones que establece la ‘Ley Mordaza’, para los casos de desastres naturales y de procesos de elecciones. La ley del 2006 se aplicaría para estas excepciones y su reglamento también. Pero a estas alturas no es lo conveniente. Además, el oficialismo, a través de Mercedes Aráoz, presentó un proyecto de ley para regular la publicidad electoral, que hubiera reemplazado la ley del 2006. ¿Cuál será el perjuicio mientras esté vigente la norma? Más que el Ejecutivo, se perjudica el ciudadano. Se piensa equivocadamente que la publicidad estatal está destinada al autobombo. Hay publicidad estatal que puede permitir construcción de cultura ciudadana, proceso de cambio en la conducta de nuestros ciudadanos , esto hace que nuestra sociedad sea mejor. Por ejemplo, campañas de prevención de abusos sexuales, a desterrar el machismo, para salvaguardar la integridad de las mujeres que son violadas, al respeto de la igualdad del hombre y mujer. Pero lamentablemente acá hay motivaciones políticas que vamos a tener que combatir. ¿Cómo va el camino del indulto a Fujimori? El fallo es claro, establece una vía constitucional. El Ejecutivo no puede hacer una revisión; además, el propio Tribunal Constitucional en el caso Crousillat señaló que la anulación de los indultos solo le corresponde a ellos. Vamos a ser celosos guardianes del respeto del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si en octubre la Corte dice que ese indulto es inválido… Si el Tribunal Constitucional declara nulo el indulto, las consecuencias serán lógicas y evidentes. ¿El Ejecutivo está preparado para asumir su rol? Nosotros respetamos la institucionalidad democrática y, como dijimos que respetaríamos la resolución de la Corte Interamericana, vamos a respetar las vías internas que resuelvan este tema. ,
