La falta de regulación de las cooperativas en el Perú.,Vamos a ver qué le cuenta la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) a la comisión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) que llega a Lima pasado mañana, para que el Perú no parezca una republiqueta bananera atrapada en la corrupción por la influencia política indebida. La SBS regula y supervisa los sistemas financiero, de seguros y privado de pensiones, y debe prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. A su vez, el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), con sede en OCDE, promueve políticas para combatir el lavado de activos y establece recomendaciones cuyo cumplimiento es verificado por Gafilat. Algo importante que usted debe saber: las cooperativas de ahorro y crédito son muy usadas en el país para el lavado de activos. Su crecimiento en el Perú ha sido notable, especialmente en el Vraem, donde se produce más del 70% de la droga ilegal que se exporta. Ahí ocurren algunas cosas my extrañas. Por ejemplo, hay cooperativas que pagan una tasa por los depósitos de ahorros que reciben que es más alta que la tasa de los préstamos que hacen. ¿Lavanderías? Pues este lunes llega una comisión de Gafilat a Lima para evaluar los avances logrados por el Perú sobre lavado de activos, y un asunto pendiente es que, catorce años después de que la SBS le viene pidiendo al congreso de la república que las cooperativas de ahorro y crédito sean incluidas en el ámbito de su supervisión, esto aún no se puede aprobar. La SBS tendría para explicarle al Gafilat que el principal obstáculo es la oposición del congresista Miki Torres con argumentos como que no se debe sobrerregular a las cooperativas de ahorro y crédito para no ponerlas en desventaja frente a las grandes entidades del sistema financiero. Y ahora a la presidenta de la comisión de constitución, Úrsula Letona, se la ha ocurrido crear otra entidad distinta de la SBS para supervisar a las cooperativas. ¿Para qué duplicar esfuerzos? La cosa se pondrá más fea cuando la Gafilat se entere que el estudio legal Torres y Torres Lara —de a familia de Miki Torres— tiene en su cartera de clientes a 18 cooperativas y a la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Y que, a pesar de múltiples pedidos como los del congresista Víctor Andrés García Belaunde, Miki Torres no quiere dejar de intervenir en un asunto en el que hay un obvio conflicto de interés. Esto, la verdad, no huele bien.
