La corrupción impacta sobre los derechos humanos través de dos vías: se apropia de recursos que deberían servir para la sociedad y corroe las instituciones del Estado.,La corrupción impacta sobre los derechos humanos través de dos vías: se apropia de recursos que deberían servir para la sociedad y corroe las instituciones del Estado, incluido el sistema judicial. Asunto de fondo mientras el país se debate entre la sartén y las brasas, la vacancia o la no vacancia del presidente de la república. De un lado, priva a las sociedades de recursos importantes que podrían servir para atender necesidades básicas en salud pública, educación, infraestructura o seguridad. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) ha indicado que el costo de la corrupción, en sus diversas modalidades, equivale a más del 5% del PIB mundial. Sobrecostos en obras públicas o contratos a través de los cuales se dispendia recursos públicos aparecen como las muestras más visibles y rutinarias de esto. Esa “tajada” extra es la que sirve de fuente para alimentar comisiones y enriquecimientos de particulares, a veces espectaculares. Por otro lado, la corrupción tiene consecuencias nefastas directas sobre el funcionamiento de las instituciones del Estado, en general, y, en particular, sobre los órganos encargados de asegurar el Estado de Derecho y la justicia. En una privatización corrupta del Estado, quienes desempeñan funciones públicas pasan a actuar, ya no en función del interés general, sino de interés particulares, a servir a la corrupción y no en el cumplimiento de la Constitución y la ley. El “conflicto de intereses” –una de las principales vías de la corrupción- es una de las caras que encubren serios delitos en esa privatización corrupta de la cosa pública. De eso venimos conociendo recientemente mucho en el Perú: persona prestando privadamente asesoría “técnica” a una empresa que contrata con el Estado, esa misma persona ocupa simultáneamente un cargo público con capacidad decisoria en materias que conciernen precisamente a esa empresa asesorada. En suma, la apropiación del Estado para un beneficio delictivo personal. En todo esto el sistema judicial ocupa el espacio capital. Primero, porque los corruptos y grupos criminales buscan atacar su independencia e imparcialidad para lograr impunidad o legitimación para sus actividades delictivas. Al penetrarlo, la corrupción debilita medularmente la administración de la justicia: impide el ejercicio del derecho de las personas a un juicio imparcial y menoscaba gravemente la confianza de la población en la judicatura. Al reducirse la confianza pública en la justicia, se debilita la capacidad de los sistemas judiciales de garantizar la protección de los derechos humanos y afecta las labores e independencia de jueces, fiscales, abogados y otros profesionales del ámbito jurídico con la coerción, la coacción o el soborno. Por otro lado, un sistema judicial independiente es lo fundamental para prevenir y enfrentar la corrupción. Víctima y objetivo de la corrupción, es, a la vez, el principal instrumento de la sociedad para enfrentarla y derrotarla. Paradoja que tiene que ser resuelta en beneficio de su independencia frente al poder político y toda la gama de poderes fácticos; desde el económico o mediático, hasta el de la corrupción y las redes de crimen organizado. En la positiva evolución institucional producida en el Perú en este ámbito luego de la recuperación de la democracia el 2000 destacan avances, perfectibles, por cierto, hacia una justicia y un ministerio público que son hoy mucho más independientes que en la historia republicana precedente. Esto tiene dimensiones internacionales porque el crimen es globalizado y las respuestas deben serlo también. En la crucial Convención de la ONU contra la Corrupción, vigente desde el 2005, se asigna papel decisivo al sistema judicial en el combate contra la corrupción y se da importancia medular a la cooperación internacional entre sistemas judiciales. Varias de estas reglas ya se están aplicando. Es una causa de los derechos humanos enfrentar la corrupción y su penetración en la administración de justicia. En la hora presente ello supone actuar globalmente desde la administración de justicia para lo cual garantizar su independencia y fortaleza es esencial.
