Tras demanda presentada por campesinos de Chalhuahuacho que afirman que no hay razones para prolongar medida ,El Tribunal Constitucional revisará una demanda constitucional de hábeas corpus presentada por campesinos de Chalhuahuacho contra los estados de emergencia preventivos que afecta a los distritos de Cotabambas y Cusco. La demanda cuestiona el Decreto Supremo 101-2017-PCM que prorroga una vez más el estado de emergencia en los distritos apurimeños de Chalhuahuacho y Mara –en la provincia de Cotabambas–, así como Ccapacmarca, en la región Cusco. Según el Ejecutivo, la medida se sustenta en la necesidad de “prevenir” actos de violencia en dichos lugares sobre la base de los informes policiales “sobre los conflictos sociales advertidos en dichas zonas. Los dirigentes de esas localidades señalan que no existen razones para mantener el estado de excepción, medida que afecta y restringe diversos derechos constitucionales como la libertad de reunión y de tránsito, la libertad y seguridad personales y la inviolabilidad de domicilio. Según la acción los estados de emergencia “preventivos” carecen de fundamento constitucional por que no se sustentan en hechos concretos o hechos reales de grave alteración al orden público, sino en suposiciones. En el fondo, consideran que se usa la medida como un mecanismo de control social para atemorizar a las poblaciones que habitan en zonas de influencia de la actividad minera y evitar ejerzan su derecho a la protesta. El descontento de la población responde a las sucesivas modificaciones del estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto minero a cargo de la empresa MMG Las Bambas. Cabe destacar que el Juzgado de Cotabambas declaró improcedente la demanda de habeas corpus. La decisión fue apelada ante la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, donde se confirmó la decisión del Juzgado de primera instancia. Pero el 22 de febrero la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Apurímac concedió el Recurso de Agravio Constitucional, en demanda del habeas corpus presentada por las organizaciones campesinas de Chalhuahuacho. La demanda cuenta con el asesoramiento del Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) quienes asesoraron la presentación del Recurso de Agravio Constitucional para que el Tribunal Constitucional revise la decisión de la Corte Superior de Justicia de Apurímac.
