Lejos de una mínima discusión sobre el arte, la batalla política desatada por los críticos de las tablas es agresiva y desaforada.,Una de las objeciones del reciente informe de la Defensoría del Pueblo al indulto otorgado a Alberto Fujimori es su falta de consulta a las víctimas, un presupuesto básico de toda medida que aspire a la reconciliación. Este aspecto, el dolor de las víctimas ha vuelto a irrumpir a propósito del caso de las 34 tablas de Sarhua donadas al Museo de Arte de Lima (MALI) por la Asociación Con/Vida Popular Arts for the Americas, con sede en EEUU. Las tablas, pintadas al estilo Sarhua (relatos pictográficos con materiales naturales, coloreados horizontalmente sobre madera de arriba hacia abajo) fueron enterrados en el período más duro de la violencia, cuando el distrito de Sarhua (Provincia de Víctor Fajardo, Ayacucho) fue objeto de incursiones violatorias por el terrorismo de Sendero Luminoso, y por las FFAA. Luego salieron a EEUU y donadas el año pasado al MALI para la realización de una muestra. A su retorno al Perú, la policía y la fiscalía inmovilizaron el lote de arte para entregarlo finalmente al MALI el pasado 15 de enero. Una nota periodística, exagerada en la presentación y cargada de inexactitudes dio cuenta del caso obviando algo crucial, que el MALI ha aclarado luego, que las tablas “no constituyen apología al terrorismo y más bien están en línea con la política del museo de puesta en valor artístico de las tradiciones regionales”; que “reflejan acontecimientos reales que vivieron las comunidades ayacuchanas”; y que “registran claramente el rechazo a la ideología senderista y condenan el terrorismo”. Lejos de una mínima discusión sobre el arte, la batalla política desatada por los críticos de las tablas es agresiva y desaforada, al punto de trucar fotos para presentar a Natalia Majluf del MALI como terrorista, en tanto que ciudadanos de a pie y algunas autoridades llaman a prohibir la exposición, quemar las tablas o volver a enterrarlas, o denunciar penalmente a los artistas y a los promotores de arte por apología del terrorismo. En todo esto lo que menos importan son las víctimas, los vecinos de Sarhua y de otros distritos cercanos que murieron a causa de la violencia, sus deudos, los desplazados forzados, los niños arrancado de su entorno y el enorme sufrimiento de peruanos de esa parte de nuestro país. Al insistir en la criminalización de la expresión artística de un pueblo atacado por la violencia se insiste también en un modelo que niega la memoria, y ya no solo la restitución de los derechos para quienes la justicia y la verdad son ajenas e inalcanzables. Todo este debería servir para reflexionar que, a pesar de la actual crisis de gobernabilidad larga y profunda, existe un espacio pequeño para encarar la agenda casi intacta del posconflicto en el Perú. El Estado ha hecho poco para cumplir con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y hasta eso poco se está quedando en el camino. En los últimos años se han expedido leyes referidas a esta agenda (la Ley Nº 28223 del año 2004 sobre el desplazamiento forzado, y la Ley Nº 28592, del año 2005, que crea el Plan Integral de Reparaciones, y la Ley Nº 30470 de búsqueda de personas desaparecidas, por ejemplo), pero los avances son resistidos desde el mismo Estado, como lo demuestran las observaciones al reciente Examen Periódico Universal (EPU) rendido por el Perú ante las NNUU en Ginebra. Una reconciliación planteada con decisión debería promover la atención en cinco grandes áreas: la ejecución de reparaciones, la judicialización de las violaciones a los derechos humanos, la búsqueda de personas desaparecidas, la memorialización del período de violencia, y el desplazamiento forzado. Esta agenda puede ser recuperada, a veces en forma paralela o convergente, en el proceso del diálogo que anuncia el gobierno. No deja de ser extraño, incoherente y paradójico que en un corto período de tiempo las personas que, alabando el indulto a Fujimori, reclamen la reconciliación y, al mismo tiempo, se dediquen con rencor severo a impedir que en este proceso las víctimas existan y tengan siquiera un espacio para expresar su dolor. http://juandelapuente.blogspot.pe
