Con la partida de Pablo de la Flor la reconstrucción del norte ha devenido un problema en sí mismo. Nadie con la trayectoria administrativa privada de De la Flor aceptará el cargo. Más bien veremos llegar a un funcionario dispuesto a sintonizar con las carencias y las presiones de gobiernos regionales y municipios, los vencedores del pulseo. De la Flor asumió que la tarea estaría en manos del gobierno central, que él representaba, y en consecuencia no calculó cuánto gravitarían esas carencias y presiones. Con el trabajo en marcha las autoridades y burocracias locales buscaron imponer una visión propia de cómo manejar las cosas, en el estilo y al ritmo al que están acostumbradas. Jorge del Castillo ha dado una interpretación preocupante de los hechos, que califica como un boicot. Una parte del problema ha radicado en la probada ineptitud de los gobiernos locales. Otra parte, afirma, en el deseo de los gobernadores de APP (César Acuña) de “tomar por asalto los fondos de la reconstrucción del norte”. Falta dilucidar ahora si la salida de De la Flor se debió a que este reconoció temprano que no había nada que hacer con semejantes interlocutores, o si fue por el temor del Ejecutivo a malograr sus relaciones con APP. Estas no son particularmente cercanas, pero al menos se mueven dentro de una neutralidad que le conviene a las dos partes. Debemos suponer que para todo fin práctico a partir de ahora la reconstrucción del norte estará en manos de gobiernos regionales y municipios. Es probable, pues, que este esfuerzo sea compartimentalizado en feudos, sometido a la participación de intereses empresariales locales, con acompañamiento de una competencia por mayores fondos. A dos meses del fin de año las cifras sobre ejecución del gasto en las regiones del norte no son muy optimistas, y este ha sido parte del problema. Una mayoría de municipios simplemente no han reunido los requisitos para participar en la reconstrucción, y las tareas han tenido que pasar a los ministerios. Es muy probable que ahora eso cambie. Preparémonos, entonces, para un espectáculo político-administrativo, con consecuencias previsibles en todos los campos. Si Del Castillo está en lo correcto, el rigor en la administración va a tener que ser reemplazado por el rigor en la fiscalización.
