A raíz de la reciente salida de la cárcel de sentenciados por terrorismo que han cumplido con su condena y de la discusión sobre un posible indulto humanitario a Alberto Fujimori, se ha vuelto a plantear un debate sobre el concepto de reconciliación. Erróneamente se ha buscado equiparar a esta noción con un perdón incondicional o con una suerte de pacto de impunidad para los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos. Por ello, es necesario aclarar a qué nos referimos con esta palabra. En el trabajo emprendido por la CVR se estableció que la reconciliación consistía en un proceso de restablecimiento y refundación de los vínculos fundamentales entre peruanos, relaciones que quedaron destruidas o debilitadas por el conflicto armado interno que vivió el país entre 1980 y 2000. Sin duda el periodo de mayor violencia en nuestra historia implicó la existencia de graves daños de diverso tipo e impacto, así como un deterioro de las condiciones de vida –políticas, económicas y sociales– en nuestra patria. Por ello se entiende que la sociedad peruana debería enfrentar un proceso en el que pueda reconstruir lazos fundamentales que han sido dañados. En su informe final, la CVR fue muy clara al señalar que la reconciliación no equivalía a un perdón a los perpetradores de ninguno de los actores armados involucrados en el periodo de violencia. En primer lugar, porque el perdón es un ejercicio de la libertad humana que solo corresponde otorgar a las víctimas, quienes no están obligadas a ejercer este gesto y en segundo lugar, porque la reconciliación implica un proceso social revestido de justicia. Asimismo se indicó que la llamada “solución política a los problemas derivados de la guerra” planteada por Sendero Luminoso y el MOVADEF resultaba inaceptable porque ella no implica una renuncia a la violencia como método de acción política. Fue más contundente aun al señalar que el proyecto político y militar senderista no solo se halla fuera de la ley, sino que él se ubica fuera del proceso de construcción democrática del país. Resulta claro por tanto que no hay verdad en quienes afirman que la CVR buscaba una reconciliación con el terror. Por el contrario, la CVR fue explícita en señalar que la reconciliación debe fundamentarse en la justicia, razón por la cual resultaba inaceptable la amnistía general planteada por el MOVADEF o por integrantes de Sendero Luminoso. Los miembros de esta organización subversiva y terrorista, así como aquellos del MRTA fueron condenados en juicios que tuvieron las garantías del debido proceso, a sentencias elevadas dentro de nuestro ordenamiento jurídico y por tanto deben pagar el íntegro de su pena como lo establece la Ley. Asimismo, se indicó que deberían someterse a la justicia aquellos agentes del Estado que vulneraron los derechos humanos. Los perpetradores de graves crímenes deben asumir su responsabilidad, comparecer ante los jueces y pagar su responsabilidad. Todo lo señalado es aplicable a cualquier intento de indulto con implicancias meramente políticas, así como a un reciente proyecto que busca generar “cárceles doradas” para quienes ensuciaron el uniforme que honraron Bolognesi y Grau. Ya es tiempo de dejar de corromper el sentido de las palabras para así favorecer a intereses particulares de personajes que merecen nuestra condena.
