Dentro de tres días se cumplirán catorce años desde la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Es un aniversario conmemorado año tras año por una colectividad reducida, pero activa y, sobre todo, moralmente vigorosa, aquella conformada por organizaciones de derechos humanos, agrupaciones de víctimas y otros grupos de la sociedad civil. Fuera de ella existe un profundo silencio sobre los deberes de memoria, verdad y los derechos de las víctimas. Ese silencio es el correlato de un gran desconocimiento de los hechos, del proceso y de las consecuencias de la violencia. En los peores casos, esa indiferencia colinda con una trivialización y hasta una justificación de las atrocidades del pasado. Y todo ello –es imposible no advertirlo– también se refleja en los usos de la política actual: la intolerancia, el cinismo hacia los asuntos públicos, el culto a la fuerza bruta como forma de resolver problemas, todo ello denota una falta de aprendizaje, una reticencia a aprender del pasado, según lo propuso la CVR mediante su trabajo y su informe final. Al menos tres factores explican esa falta de aprendizaje. Uno es el simple paso del tiempo. Los jóvenes que hoy están en las universidades o que podrían interesarse por las cosas públicas eran niños cuando el Perú vivió una experiencia de búsqueda de la verdad. Pero el tiempo transcurrido no tendría por qué haber determinado el olvido. Ello es posible por la inercia del Estado, que no ha asumido su deber de promover verdad y memoria. Ese es un segundo factor. En tercer lugar, está, evidentemente, la interesada campaña de silenciamiento o de distorsión e incluso de calumnias por dos extremos que se dan la mano en el negacionismo y en la hostilidad a la cultura de derechos humanos: sectores ultraconservadores o sectores apologistas de Sendero Luminoso; polos opuestos que se unen en su rechazo a la verdad. Es conveniente, por eso, recordar en qué sentido la Comisión de la Verdad fue una invitación, o una exhortación, a sacar lecciones del pasado. La CVR fue un organismo independiente del Estado que fue creado por el gobierno que presidió la transición a la democracia tras la caída del autoritarismo fujimorista. Su encargo fue investigar el proceso de violencia armada sufrido por el país con un particular interés en brindar reconocimiento a las víctimas y en hacer visibles los crímenes cometidos. Para llevar adelante ese trabajo, la Comisión no solamente desplegó un vasto plan de trabajo que le permitió acercarse a las víctimas en todo el territorio nacional. Además de eso, y de manera muy importante, quienes integraron esa Comisión hicieron explícitos unos principios, un compromiso de objetividad y de vocación por los derechos humanos y por la atención a las víctimas, principios cumplidos escrupulosamente. El profesionalismo del trabajo realizado, la cercanía a las víctimas y el cumplimiento de tales normas de acción brindan a aquel informe final presentado hace 14 años una validez que hasta ahora nadie ha podido cuestionar seriamente. Ese informe contiene un repertorio de verdades que el país no puede ignorar indefinidamente. El costo de ignorarlas, tomemos conciencia de ello, es renunciar a la consolidación de nuestra democracia.
