Rafael López Aliaga expone repartija con el fujimorismo

En los últimos diez años, el Perú asistió a la instalación de un modelo político que usa el poder para someter instituciones y adversarios. El fujimorismo lo inauguró entre 2016-2020 con más de 70 congresistas. Con esa mayoría decidió abdicar en su rol de representación, fiscalización y legislación con visión de Estado.

Así se destruyó la reforma educativa, se desmanteló la reforma universitaria, se revirtió la reforma electoral aprobada en referéndum, se impuso el bicameralismo contra la voluntad popular de 2018, se aprobó la iniciativa de gasto parlamentario y se extendieron beneficios tributarios a agroexportadores en contra de la evidencia técnica.

Renovación Popular, como lo fue Perú Libre en la legislatura anterior, no es ajena a ese modelo, sino una de sus consecuencias más recientes. Ya negociaron antes con el mismo fujimorismo. Prueba de ello son la conformación y abdicación a la tutela de derechos y funciones en el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la JNJ, las comisiones clave del Senado, y la fiscalía. Son hoy la expresión de espacios de poder distribuidos entre socios bajo la misma lógica con la que hoy reclaman favores pendientes.

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Es el ajuste de cuentas natural entre quienes comparten un mismo negocio que consiste en hacer de lo público su renta privada. Uno le reclama al otro que no cumplió su parte del acuerdo. Y lo más grave es que por lo visto, el fujimorismo está más que dispuesto a seguir negociando su parcela pública. El ciudadano, mientras tanto, no está en esa mesa, pero está pagando toda la cuenta.

Eso es lo que estos días exhibe la candidatura de Rafael López Aliaga a la alcaldía de Lima, con frivolidad y de manera errática. Una postulación que solo se sostiene en el abuso flagrante de las reglas electorales y en la complicidad de un Jurado Nacional de Elecciones que prefirió resolver sin respetar la Constitución ni su propia jurisprudencia.

Y esta es, para desgracia de los peruanos, la demostración más elocuente de que las organizaciones políticas no saben gobernar un país con tantas demandas pendientes. Por eso, solo saben hacer sobrevivir su propio ecosistema prebendario.

Entonces, la pregunta que el país debe hacerse no es por qué la oposición fiscaliza sino por qué el gobierno prefiere ajustar cuentas con su socio antes que usar las herramientas que ya tiene para gobernar. Además, recordar que el reto de la democracia y de saber gobernar es liderar negociaciones con transparencia, reglas claras y gestionar así las decisiones de las mayorías, y no el reparto entre quienes intentan imponerse a la fuerza.