El LUM debe quedarse en el sector cultura

Los lugares de memoria son espacios vivos donde una sociedad sigue procesando lo que le ocurrió. De esta manera, la memoria es un proceso dinámico que se actualiza con cada nueva generación, con cada testimonio que aparece y con cada debate que la sociedad se permite tener sobre su propio pasado. Por eso los lugares de memoria, como política pública, requieren autonomía, rigor académico y distancia del poder político de turno. El Estado tiene responsabilidades frente a la memoria histórica, y precisamente por eso cuando actúa como juez y parte en ese proceso, la memoria pierde su función más importante, que es decirle la verdad al poder.

El ministro de Justicia Ernesto Álvarez, expremier del gobierno de José Jerí, propuso esta semana trasladar el LUM al sector que él conduce. Si el fujimorismo quiere incidir genuinamente en el Lugar de la Memoria, el camino correcto pasa primero por participar de los procesos de verdad y reconciliación con académicos de reconocimiento independiente, nuevamente, sin ser juez y parte. Ese camino estuvo siempre disponible. Alberto Fujimori lo rechazó en 2002 cuando se negó a recibir a Salomón Lerner, presidente de la CVR, que quería entrevistarlo para el proceso de verdad. Ante ello, el contraste con el expresidente Francisco Morales Bermúdez es revelador: el exdictador militar bajo cuyo gobierno también ocurrieron graves violaciones de derechos humanos sí participó del proceso. El propio Lerner documentó en 2024 que desde el fujimorismo se construyó en cambio una historia paralela que ocultó crímenes de Estado.

Ahora bien, el LUM ya depende del Ejecutivo a través del Ministerio de Cultura, lo que lo hace vulnerable a cualquier gobierno de turno. La reforma que el país le debe al LUM es un directorio independiente con miembros de reconocimiento académico de consenso, en especial con todas las víctimas, financiamiento garantizado por ley y mecanismos que garanticen su continuidad más allá de los ciclos políticos. Eso es lo que el gobierno debe impulsar en lugar de un traslado que convertiría al Estado en árbitro de su propia memoria.

En ese sentido, vale repetir aclaraciones que el propio Lerner sostuvo hace poco en una entrevista para esta casa editorial. El informe de la CVR nunca fue presentado como un punto final sino como una base para profundizar en la búsqueda de la verdad. A 23 años de su publicación, ese proceso sigue abierto y sigue siendo necesario. El fujimorismo que eligió construir una historia paralela tiene ahora la oportunidad, sin duda histórica, de sumarse al proceso real. Empezaría por respetar la autonomía del espacio que lo preserva.