El JNE debe frenar la reelección encubierta

El caso de Rafael López Aliaga en Lima era el más visible, pero lo que una investigación de este diario encontró al cierre del plazo electoral del 5 de agosto es que no es el único. Hay 51 listas en todo el país donde el candidato a alcalde renunció y el primer regidor que quedó al frente es precisamente el alcalde actual que la Constitución no permite reelegir de manera inmediata. La mecánica es la misma en todos los casos. El alcalde que no puede reelegirse postula como primer regidor, inscribe a alguien como candidato a alcalde, ese candidato renuncia antes del plazo límite, y si la lista gana el primer regidor termina siendo el nuevo alcalde. Somos Perú lidera este fenómeno con 12 casos, seguido de Alianza para el Progreso con 10, Renovación Popular y Avanza País con 6 cada uno y Podemos con 4. El propio presidente del JNE, Roberto Burneo, ya lo dijo con todas sus letras: se están generando estrategias para fraguar la ley.

Y tiene razón. La Constitución prohíbe la reelección inmediata de alcaldes porque la ciudadanía tiene derecho a decidir si quiere continuar con la misma gestión o elegir una alternativa. Eso no es un capricho formal sino un mecanismo básico de control democrático. Usarlo para algo distinto, haciendo renunciar a un candidato de relleno para que el alcalde de facto asuma por la puerta de atrás, no es creatividad jurídica. Es eludir la voluntad popular con una maniobra que el propio sistema electoral reconoce como un abuso.

La buena noticia es que la respuesta legislativa ya existe. El diputado del partido Obras, Víctor Piñán, ha presentado un proyecto para impedir que un alcalde integre la lista de candidatos al Concejo Municipal en la siguiente elección. Los diputados opositores del Consenso por la Democracia tienen aquí una oportunidad concreta de legislar a favor de la integridad electoral desde sus primeras semanas en el cargo.

El JNE lo reconoció cuando Burneo dijo que se están generando estrategias para fraguar la ley, pero admitió que el marco normativo las permite y que el JNE se limita a cumplirlo. En ese sentido, para estas elecciones el daño parece estar ya hecho y los plazos hacen imposible que el TC o el Poder Judicial actúen a tiempo. En ese sentido, el único contrapeso real que queda es el voto ciudadano informado.

Y el Congreso bicameral tiene la obligación de debatir a fondo el proyecto de Piñán y otras que se sumen para que en 2030 esta puerta quede cerrada y que existan elecciones competitivas sin que algunos tramposos buscan sacarle la vuelta a la ley.