Graves zarpazos contra la democracia, por Diego García-Sayán

Son muy graves los sistemáticos zarpazos contra la democracia que viene dando, desde el Congreso, el pacto corrupto que hoy abruma al Perú.

El Congreso, como se sabe, está plagado de corrupción y de oscuridad: la mayoría de parlamentarios tienen investigaciones por presuntos delitos contra la administración pública, la fe pública, contra el patrimonio, entre otros. Como si eso fuera poco, está presidido por un condenado por corrupción.

Arrasando con el equilibrio de poderes

Se ha aprobado en la Comisión de Constitución el proyecto para liquidar la Junta Nacional de Justicia y reemplazarla por una “escuela”. Este grave paso terminaría, gravemente, con la independencia en el nombramiento y evaluación de jueces y fiscales. Pasaría a ser ámbito del poder político, lo que afecta de manera irreparable la independencia de la administración de justicia, componente esencial del Estado de derecho.

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En paralelo, se cierne la amenaza sobre la autonomía e independencia del sistema electoral: Jurado Nacional de Elecciones y el Reniec. Obvio propósito: contar con autoridades electorales a la medida de intereses políticos partidarios. Vale repetir que la mayoría de los congresistas están siendo investigados por presuntos delitos.

De manera casi simultánea, la misma Comisión de Constitución adoptó el grave paso de impulsar una ley que busca anular sentencias y procesos judiciales por delitos de lesa humanidad cometidos antes del 2002, coincidentemente hechos ocurridos durante el gobierno de Fujimori, en el que hay policías y militares investigados por violaciones sexuales a mujeres, matanzas extrajudiciales en las que había niños, entre otros.

Igual que en las típicas dictaduras: acosando a las ONG

Está claro que el poder político en el Perú está desde hace ya un tiempo en manos de un pacto corrupto. Tiene dimensiones y extensiones incluso más grandes que el pacto que rigió en Guatemala hasta hace pocos meses. El liderazgo político es, además, inepto: en el contexto de mejora de los precios internacionales de los principales productos de exportación (cobre, por ejemplo), la pobreza aumenta (en el 2023, esta fue 9% más alta que en el 2019).

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Por un lado, el Gobierno es incompetente. Por el otro, el Congreso legisla estrictamente para el beneficio de sus líderes, barriendo con la institucionalidad, con las entidades independientes vinculadas a la justicia. Y aprestándose a hacer lo propio con las instituciones independientes del sistema electoral.

Dentro de ese contexto, el papel vigilante de varias organizaciones de la sociedad civil es negativo para los intereses del pacto corrupto. Precisamente, en ese y otros ámbitos, el papel de muchas ONG es fundamental. Por ejemplo, para apoyar en el derecho ambiental en los esfuerzos contra la deforestación, territorios donde el Estado es prácticamente inexistente y que están bajo la hegemonía del crimen organizado.

Cuando ya han sido asesinados 33 dirigentes ambientales amazónicos en estos meses, es muy grave entorpecer el trabajo de las valiosas ONG que ven el tema amazónico: es hacerles el juego a las mafias y las economías ilegales.

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Es claro que de lo que se trata es de silenciar voces cuestionadoras de los tremendos estropicios que le está generando al país el pacto corrupto que hoy rige/gobierna al país.

El objetivo: silenciar voces

Al pacto corrupto le es insoportable que organizaciones no gubernamentales independientes promuevan la transparencia y la vigilancia democrática. Es algo muy sensible cuando, por ejemplo, el Gobierno incumple las sentencias vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Esa vigilancia y contrapeso democrático es intolerable para los autoritarios. Y peor si el liderazgo autoritario es de un pacto corrupto. Que, por definición, requiere oscuridad. En ese contexto de corrupción y de ineptitud, se “tira la pelota” a la actividad de las ONG, alegando una falsa “falta de supervisión de sus recursos”.

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La verdad es que el Gobierno, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene absolutamente toda la información. Desde hace veinte años, las ONG están inscritas en un registro dentro de una institución de la cancillería: la APCI (Agencia Peruana de Cooperación Internacional). Todas las ONG informan allí de sus recursos y actividades. Si el problema fuera el que señalan, bastaría hacer una consulta simple al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Pero está claro que son solo pretextos y argumentos falaces, y que lo que el pacto corrupto quiere es silenciar voces. Por este motivo, varias embajadas (incluida la de Estados Unidos, la Unión Europea, España, Canadá, Alemania, Suiza, Francia, entre otras) expresaron su preocupación por el intento de restringir la capacidad de la sociedad civil para operar.

¡Carta democrática ya!

La situación por la que pasa el Perú es muy grave. Conforme han ido colapsando las instituciones democráticas ante el avance del pacto corrupto, han aumentado la pobreza y la corrupción. El Perú claramente reúne las condiciones establecidas en el artículo 19 de la Carta Democrática: una clara “alteración del orden constitucional” que afecta gravemente el orden democrático.

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Un Congreso con una mayoría de congresistas investigados por corrupción, que interviene políticamente a la justicia, que juega “en pared” con un Ejecutivo cuya presidenta también está investigada por corrupción. Y mientras no se dieron investigaciones serias por las muertes de 49 ciudadanos en las protestas sociales del 2022, acribillados por las balas de la policía y del ejército.

La peligrosa impunidad del pacto corrupto —Congreso y el Ejecutivo ineptos— toca por eso, medularmente, a la independencia judicial y a la libertad de expresión. Componentes fundamentales del orden democrático, conforme a la Carta Democrática Interamericana.