Como lo ha venido reportando Daniel Zovatto en su Radar Latam: “La región vive este año 2024 el cierre del superciclo electoral latinoamericano que se inició en 2021; uno de los años de mayor intensidad electoral con 6 elecciones presidenciales, 3 de las cuales (Panamá, República Dominicana y México) se llevan a cabo en solo un mes, desde el 5 de mayo al 2 de junio, y con una frecuencia bisemanal: 5 de mayo, 19 de mayo, 2 de junio”.
Este domingo 3 de junio, como se sabe, le tocó a México. Acaso el capítulo electoral más relevante y complejo en este 2024, uno de los más intensos años electorales en América Latina. Proceso solo oscurecido parcialmente, hasta el momento, por la reelección ilegal e ilegítima de Bukele en El Salvador. Proceso electoral inmenso el de México: más de 99 millones de personas llamadas a votar para elegir al sucesor —o sucesora— de Andrés Manuel López Obrador. Además, para elegir 128 senadores, 500 diputados del Congreso y los gobernadores de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Ciudad de México.
Como es previsible, dado el marco de constante violencia impuesto en el país por el crimen organizado desde hace años, este ha sido uno de los procesos electorales plagados de más violencia en la historia democrática de México. Uno de sus hitos sangrientos fue el terrible asesinato de Alfredo Cabrera, candidato del PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Coyuca de Benítez, Guerrero.
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Más allá del asesinato del candidato Cabrera, hecho incontrastable es que la violencia haya sido gran protagonista de la campaña electoral. Otra señal de un drama que atraviesa a la sociedad mexicana desde hace varios lustros, la violencia creciente se ha hecho presente y el Gobierno de López Obrador no la ha sabido enfrentar. Informaciones de diversas fuentes dan cuenta de más de 20 candidatos asesinados, mientras que organizaciones de derechos humanos elevan el número hasta en 40 dirigentes asesinados. A ello se suman cientos de amenazas y al menos 11 secuestros. Este es el “telón de fondo”: con ella —la violencia— la sociedad mexicana ha “aprendido a coexistir”. Porque ha tenido que hacerlo. Así, si, por ejemplo, se va a comer a una taquería en Guadalajara, puede darse el caso de que —por “casualidad”— esa misma tarde un grupo de sicarios arrase con los comensales en una mesa. Y de paso, con quienes estaban al lado. La “solución previsora”: comer los tacos en casa, pidiéndolos por delivery, fórmula salvadora que me alcanzó una catedrática de la Universidad de Guadalajara.
Los resultados conocidos: la presidenta elegida es la candidata oficialista Claudia Sheinbaum, quien dejó atrás a la candidata opositora, Xóchitl Gálvez. Relevante —y positivo— que en medio de un clima de violencia institucionalizada se pueda haber llevado a cabo el proceso electoral y la votación. Y que los órganos competentes —que son de mucho peso y seriedad en México— hayan llevado a cabo el computo sin complicaciones serias. Pero preocupante el panorama. En el que si bien el continuismo parece haber sido el mensaje del electorado el domingo, queda en la penumbra si se puede estar —o no— en un nuevo capítulo hacia una actuación más efectiva del Estado ante el descontrolado e impune crimen organizado. No parece.
Cómo se proyectan los nuevos escenarios del poder público en México en el Ejecutivo y Legislativo federal, así como en los estados, es lo esencial a seguir. Tema que ha estado presente en los mensajes de la campaña electoral por algunas de las candidaturas. Pero la verdad de la milanesa es que los mensajes esenciales vertidos a lo largo de la campaña electoral por la mayoría de las candidaturas no permiten avizorar una estrategia seria, viable y realista en la materia.
La violencia o el crimen organizado, al culminar el Gobierno de AMLO, están “viento en popa”. Su intensidad e impunidad no parecen haber sufrido variaciones significativas. Más allá de la seguridad, la chocante militarización de ciertas actividades públicas, daban la pauta de que lo militar podría ser, para el Gobierno, una de las respuestas. Sobre esto son precisamente muchas de las interrogantes que se hace la propia sociedad mexicana y, por cierto, buena parte de la comunidad interamericana.
El Gobierno que encabezará la triunfante candidata oficialista Claudia Sheinbaum tiene tremendos retos sustantivos. Empezando por el eficaz y adecuado enfrentamiento al descontrol del crimen organizado en la sociedad mexicana. Difícil, pero con algunas fortalezas dentro de las que se podrían destacar dos. Primero, su legitimidad. En una elección de las más grandes, no solo de América Latina sino del mundo, haber ganado la elección dice mucho. Y bien. Pues, nadie pone en duda los resultados fundamentales ni la legalidad y legitimidad de su candidatura.
Segundo, si bien es amplia y compleja la multiplicidad de espacios institucionales por los que se votó el pasado domingo (senadores, diputados y, además, gobernadores en nueve estados), hay ciertos temas en los que la responsabilidad central recae —y recaerá— sobre el nuevo Gobierno.
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Y que, combinando la legitimidad de la persona elegida y de la elección con la seriedad del proceso electoral, podría poner al futuro Gobierno de Sheinbaum, en principio, en una buena y expectante situación.
Sheinbaum, con sólida legitimidad de origen y con su indiscutible triunfo, parte de condiciones adecuadas. Sin embargo, de caer en tentaciones populistas, que vienen de López Obrador, se podrían afectar seriamente la democracia y el equilibrio de poderes.
Por ejemplo, con la pretensión de “elección popular” de jueces y magistrados, incluyendo a quienes integran la solvente Corte Suprema. O avanzando en la supresión de entidades federales autónomas como el equivalente a la Defensoría del Pueblo (Comisión Nacional de Derechos Humanos). Y, peor aún, si se sigue delegando en las instituciones militares asuntos que corresponden a la Policía.
Abogado y Magister en derecho. Ha sido ministro de Relaciones Exteriores (2001- 2002) y de Justicia (2000- 2001). También presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue Relator Especial de la ONU sobre Independencia de Jueces y Abogados hasta diciembre de 2022. Autor de varios libros sobre asuntos jurídicos y relaciones internacionales.