El crimen está controlando todo, por Diego García-Sayán
“La sociedad democrática debe parar eso, empezando por llamar a las cosas por su nombre. Fuera de los cerriles operadores mediáticos del ‘pacto mafioso’, algunos sectores empresariales también se resisten a llamar a las cosas por su nombre”.
Es fundamental la experiencia reciente de Guatemala para reconstruir la democracia, enfrentando —y derrotando— al ‘pacto corrupto’ de allá. Fue crucial el aporte de la comunidad internacional.
En tanto, en el Perú se sigue llegando a extremos. Liquidados todos los pesos y contrapesos esenciales en una sociedad democrática, está en marcha la sujeción/demolición de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la del recto e independiente sistema electoral. El correcto magistrado Jorge Luis Salas Arenas se encuentra bajo artero ataque y acoso sistemático desde vocingleras voces extremistas en el Congreso.
El ‘pacto corrupto’ en el Perú ha excedido el límite de lo imaginable en la demolición de la institucionalidad democrática. Pero la historia nos demuestra que un fenómeno así no es todopoderoso o inmune.
Hora de aplicar la Carta Democrática
Sufrimos en el Perú una descarada fiesta de corruptos. La articulación dialéctica entre quienes manejan el Congreso y los/as cabecillas del inepto Ejecutivo concentra el poder. Y hace con él lo que le provoca. Esta alianza y sus actos han logrado aumentar la pobreza y bajar nuestra calificación crediticia. Precisamente, en una coyuntura favorable de precios de los principales metales que el país exporta.
¿Y el mundo, qué? En un contexto semejante, en el 2000, ya se había hecho presente la comunidad internacional, convocada en Windsor, Canadá, por la oposición democrática. Los buenos oficios —exitosos— de la OEA condujeron luego a la ‘mesa de diálogo’ y llevó a un aterrizaje ‘suave’ que, luego de la fuga de Fujimori, permitió la instalación del Gobierno de transición de Valentín Paniagua.
Esa experiencia inspiró la propuesta de la Carta Democrática Interamericana que hizo nuestro país al mundo y que se aprobó por unanimidad en 2001. Por su aplicación al Perú de hoy claman las corrientes democráticas y el globo entero aguarda atento.
El ‘pacto’ y sus operadores
Curiosas las reacciones del ‘pacto corrupto’ y de sus operadores mediáticos: pretender tapar el sol con un dedo. Además, alegar, por ejemplo, que la Carta es algo “extranjero” cuando no es tal: es “internacional”, acuerdo unánime entre países soberanos. Otros, con igual desconocimiento —y mala fe— argumentan: “¡Error!, solo un Gobierno puede pedir su aplicación”. Invento total.
Se ve que entre la ideología de esos ‘voceros’ y el examen riguroso de los hechos (o del texto de la Carta) que hay un inmenso foso; puesto que, precisamente, para una situación como la de hoy en el Perú corresponde aplicar la Carta para “parar” la destrucción institucional en marcha y propiciar diálogos democráticos.
Ante la democracia torpedeada, nuestro país ya no califica como tal, sino como un régimen híbrido. Es clara la prestigiosa revista The Economist. La tendencia visible es hacia el autoritarismo y más corrupción.
La sociedad democrática debe parar eso, empezando por llamar a las cosas por su nombre. Fuera de los cerriles operadores mediáticos del ‘pacto’, algunos sectores empresariales también se resisten a llamar a las cosas por su nombre. Así, un gremio tan respetable como la Sociedad Nacional de Minería no dijo las cosas con claridad en su reciente respaldo a la empresa Poderosa, víctima reiterada de ataques terroristas con detonantes. Algo mencionó la SNM, pero no lo esencial, y que es de conocimiento público: la accesibilidad criminal a los explosivos que se viene usando.
Fue 100% facilitado por el Congreso y los gremios empresariales no abrieron la boca. El Legislativo, asociado con la minería ilegal, en marzo derogó la norma contra la tenencia ilegal de materiales explosivos en actividades mineras. Otra joya del ‘pacto corrupto’.
Guardar silencio frente a esa facilitación al crimen es muy grave.
La Carta Democrática y la Ley Magnitsky
Los principios cruciales de la democracia están bien expresados en la Carta Democrática Interamericana: derecho a la democracia y obligación de los Gobiernos de “promoverla y defenderla” (art. 1). Asimismo, se encuentran estipuladas las condiciones para su aplicación. Todas se cumplen claramente hoy en el Perú. Dependerá de la OEA y sus órganos relevantes adoptar las decisiones correspondientes.
Sin embargo, si ello se dilata, hay otras herramientas. En simultáneo, sin perjuicio de las gestiones en la OEA, fue crucial en Guatemala la aplicación de valiosas herramientas legales de los EEUU contra la corrupción y las violaciones graves de derechos humanos en el mundo, las mismas que no son penales, pero que dotan a Washington de ciertas facultades administrativas globales frente a individuos sindicados de graves violaciones a los DDHH o corrupción.
Es fundamental en ello la Ley Magnitsky. Adoptada en 2012, luego del asesinato en Rusia del abogado Sergei Magnitsky, que asesoraba a interesados en las privatizaciones en ese país, la misma le otorga al Departamento de Estado la facultad de negar —o retirar— visas para acceder a los EEUU. Asimismo, faculta al Departamento del Tesoro a intervenir en los recursos financieros en el país norteamericano de las personas implicadas.
Su aplicación puede tener resultados impresionantes a favor de la democracia y la ética pública. Fueron pasos cruciales que a más de 600 personas de Guatemala se les retirara la visa a los EEUU en meses pasados o se interviniera sus recursos financieros en territorio estadounidense. Diría que decisivos para que colapsara el ‘pacto corrupto’.
Tarea para la sociedad civil y sus organizaciones en el atacado Perú de hoy que la Coordinadora de Derechos Humanos, por ejemplo, confeccione y publique ya la lista de los congresistas, funcionarios y demás personas integrantes del ‘pacto corrupto’.