(*) Profesor Centrum PUCP
Actualmente, la discusión económica en el país se basa en asuntos como cuándo terminará la contracción de la actividad económica (recesión) en el Perú o cuando se recuperará la inversión privada. Sin duda, temas relevantes por sus efectos sobre el empleo, la recaudación tributaria, la capacidad de producción futura (producto potencial) entre otras importantes variables. Pero otro plano de análisis para el caso de la dinámica de la actividad económica, por ejemplo, es definir en qué medida la generación de gases del efecto invernadero resultantes afectan económicamente la futura capacidad productiva del país dado el calentamiento global resultante.
Una interesante y reciente medición de estos costos la encontramos en la investigación de Clements, Gupta y Liu, 2023, donde se ha desarrollado un sistema de precios asociado a la perspectiva de medir y limitar la negativa afectación referida. Veamos brevemente algunos datos principales de esta útil medición.
Debo remarcar que lo importante de incorporar este tipo de análisis responde a considerar la necesidad de preservar en el tiempo el medio ambiente como un activo fijo fundamental para producir no solo hoy sino en el futuro también.
El contexto vigente para mirar desde una perspectiva medioambiental los efectos de la evolución de variables como la actividad económica está en el marco del Acuerdo de París de 2015, donde más de 190 países se comprometieron a reducir las emisiones de carbono para el 2030, incluidas las procedentes del consumo de combustibles fósiles, y reducir los efectos negativos del aumento de la temperatura global. Aunque, a la fecha, existe una gran brecha entre lo que los países se comprometieron hacer y lo que debe hacerse.
En el texto referido, un concepto clave es el de la deuda climática. Esta es la sumatoria de los daños originados por las emisiones, es decir, los efectos adversos acumulados de las emisiones de dióxido de carbono, cuyos costos se efectivizan sin compensación. Se calcula la deuda climática de 131 países sustentado en las emisiones de carbono históricas y proyectadas. Estos cálculos posibilitarían estimar el aporte de cada país en emisiones.
La deuda climática se calcula en base a las emisiones ocurridas, estimadas y el costo social del carbono, que mide el daño económico producido por cada tonelada de emisiones de CO2. La deuda climática es elevada unos US$59 billones entre 1959 y 2018 y se prevé que elevaría a US$80 billones entre 2019 y 2035. El monto de la deuda climática de cada país depende del tamaño de su economía y de la intensidad del uso de combustibles fósiles por cada dólar de producto. También influye la estructura del consumo energético, por ejemplo, la intensidad de uso intensivo del carbón. Hacia 2018, los mayores contribuyentes fueron Estados Unidos (US$14 billones), China (US$10 billones) y Rusia (US$5 billones).
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La deuda climática per cápita más elevada se registra en Estados Unidos, un nivel unas seis veces más alto que en China en el período comprendido entre 1959 y 2018 y 25 veces más alto que en India. En el período 2019–2035, la deuda climática per cápita seguirá siendo más elevada en Estados Unidos y aumentará en China por encima del nivel previsto en la Unión Europea.
Otro aspecto poco relevado a tener en cuenta es el rol de las políticas fiscales y de gasto público para frenar el crecimiento de la deuda climática. Los países enfrentan diferenciadas limitaciones a la hora de adoptar medidas con efectos climáticos. Estados Unidos y Europa han adoptado políticas a gran escala para subvencionar las energías limpias con el fin de reducir la deuda climática, pero esta posibilidad no sería factible en las economías en desarrollo con poco margen fiscal.
En suma, considerar y estimar los efectos económicos medioambientales de la evolución de variables económicas, como es el caso de la actividad económica, no debieran ser obviados sino discutidos también.