¿Bicameralidad ahora?, por Ana Neyra

Evaluar si el Congreso debe o no tener dos cámaras involucra sopesar ventajas y desventajas (miradas a la luz de la realidad peruana histórica y reciente) y también valorar el momento de su aprobación, cuando el Parlamento cuenta con uno de las menores índices de aceptación ciudadana.

La bicameralidad generaría nuevos espacios de debate y traería la posibilidad de diversificar cómo elegimos a senadores y diputados. Así, podríamos tener una cámara de senadores que parcialmente represente a toda la nación (y no solo a departamentos por separado), pero además en otra parte permita igual representación para todos los departamentos. Se podría contar, además, con mayores contrapesos entre las cámaras. Preocupa menos el potencial bloqueo y retardo del proceso legislativo, pues recientemente hemos sufrido más por baja calidad de leyes (y ojalá así se dejen de emitir leyes declarativas, con días de platos típicos, por ejemplo).

La propuesta actual tiene también algo más que la hace impopular: la posibilidad de reelección sin límites. Habría que decir que la tasa de reelección era baja y que impedir su permanencia en el cargo ha traído más bien efectos negativos. Al no tener incentivos para ejercer de manera óptima la labor porque ya no se podrá permanecer ni capitalizar esa buena gestión hacia el partido, vemos más bien muchos congresistas que no solo hacen casi el mínimo, sino que tienen como objetivo central sacar provecho del cargo. 

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Con ello, bicameralidad y reelección parecerían —en el papel— ser las mejores opciones. Sin embargo, es determinante que reformas estructurales (más si fueron objeto de un referéndum) sean ampliamente discutidas para intentar al menos que cobren legitimidad. Un Congreso con bajísima aprobación, que parece solo empeñado en permanecer en el poder, ¿puede impulsar estas reformas sin intentar acercarse a la ciudadanía? Bicameralidad y reelección no merecían el desgaste de las múltiples reconsideraciones para hacer hasta lo imposible a fin de conseguir votos que no obligue a que pasen por un referéndum.

El Perú tiene uno de los Congresos con mayores problemas de representación. Según IDEA Internacional (2018), hay un congresista por cada 240.000 habitantes (muy lejanos de los 33.000 por habitante en Uruguay o incluso los 125.000 en Chile). Esta falta de representación no es solo cuantitativa (pocos representantes para mucha población), sino que se manifiesta cuando se percibe a los congresistas completamente ajenos a los problemas de la ciudadanía y más enfocados en intereses privados, aprovechamiento personal y en garantizar impunidad (directamente o de quienes les son afines).

Manifestaciones cercanas se tienen con el nuevo bono aprobado para los trabajadores (los pocos privilegiados del sector público a quienes se les adapta la remuneración por inflación) o cuando se pone restricciones a una figura tan útil para conseguir información para investigaciones y procesos como la “colaboración eficaz”, que, con la nueva regulación, podría generar sanciones penales a periodistas que difundan investigaciones, pese al inherente interés público. Muchos de los principales casos de corrupción tienen su origen en el manejo de finanzas en campañas electorales.

¿No tener información valiosa no promueve más bien la impunidad? En este contexto, reformas de este tipo hubieran requerido mucho más debate y búsqueda de legitimidad, pero, además, no serán por sí solas la panacea que pretenden. Al mismo tiempo que las aprueban, eliminan las elecciones primarias y afectan la independencia de los organismos electorales, además de que siguen sin impulsar otras reformas que se necesitan.