Dos audiencias, la misma impunidad, por Jo-Marie Burt

La impunidad que impera en el Perú por graves violaciones de derechos humanos, tanto del pasado como del presente, se hizo evidente el viernes pasado en los salones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante su 188 periodo de sesiones en Washington DC.

La misma CIDH convocó una audiencia para dar seguimiento a las recomendaciones del informe del país que publicó en abril 2023, en el contexto de las protestas sociales en que casi medio centenar de civiles perdieron la vida a causa de la represión estatal. Hubo otra audiencia sobre la masacre de Accomarca, ocurrida en agosto 1985.

En ambas audiencias, las mismas víctimas hablaron sobre las consecuencias de la represión estatal y las dificultades que enfrentan para lograr justicia y reparación.

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En la primera, Nelson Oré Espinoza, estudiante universitario de Ayacucho, mostró las cicatrices donde fue baleado el 15 de diciembre de 2022. “No querían asustarnos. Tampoco querían dispersar la manifestación”, dijo. “Querían asesinarnos”. Aseguró que como él son decenas de personas heridas por la represión estatal que no han recibido la atención adecuada.

Dany Quispe Rojas, cuyo hijo fue asesinado en diciembre en Andahuaylas, denunció la falta de investigación seria. Raúl Samillán, cuyo hermano fue asesinado mientras atendía a personas heridas en las protestas en Juliaca, aseveró: “[el Estado] nos sigue estigmatizando como terroristas”. Representantes de la sociedad civil hicieron sonar la alarma sobre el desmantelamiento de las instituciones democráticas en el país.

En la segunda audiencia, Celestino Baldeón, sobreviviente de Accomarca, relató las demoras en lograr la justicia. Luego de 31 largos años, en 2016, diez oficiales militares fueron condenados de 23 a 35 años por la muerte de 61 campesinos quechuahablantes, casi la mitad de ellos niños. Pero Baldeón denunció la continua indolencia del Estado con las reparaciones y con la entrega de los restos de las víctimas a sus familias. Y la representante de las víctimas, Gloria Cano, anotó que solo cuatro de los condenados están cumpliendo la pena.

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Seis siguen prófugos sin que el Estado se preocupe por encontrarlos, entre ellos el jefe del Comando Político Militar de Ayacucho, Gral. Wilfredo Mori Orzo, a pesar de que los medios reportaron que recibió dos vacunas contra el covid.

La historia de indolencia e impunidad evidente en el caso de Accomarca se está repitiendo con las masacres 2022-2023. También la política de estigmatización de las víctimas. ¿Quién puede olvidar a Telmo Hurtado justificar la muerte de niños en Accomarca porque “al crecer serían terroristas”? Y ahora, ante la CIDH, luego de que una mujer interrumpiera la audiencia sobre las protestas, el embajador del Perú ante la OEA, Gustavo Adrianzén, aseguró de manera petulante —y en la cara de las víctimas que acaban de describir el dolor y sufrimiento que vienen padeciendo a causa de la represión estatal y su política de terruqueo—: “Ellos son los violentos, los que ocasionaron la muerte”. ¿No ha cambiado nada en 40 años?

(*) https://www.youtube.com/watch?v=1cLDxIIAMio