No más 'Camilas'

Las niñas embarazadas son víctimas. No hay ningún término medio ni frase que suavice el impacto. La condición de preñez prematura le ha sido impuesta, sin que exista voluntad, criterio propio o decisión personal que pueda modificar esta realidad.

En el Perú, en el 2022, más de 1.626 niñas de entre 10 y 14 años fueron madres. Se trata de cifras que muestran un real problema para la educación y para la salud pública. Es el resultado del fracaso de las políticas que se orientaron a reducir esta situación y una voz de alarma para brindar mayor protección y garantías a las menores en condiciones de vulnerabilidad y abandono.

El fallo reciente de las Naciones Unidas contra el Perú por el caso de ‘Camila’ nos obliga, como sociedad, a reconocer la existencia de niñas embarazadas como víctimas del sistema. La menor abusada sexualmente fue impedida de recibir la atención médica especializada para obtener el aborto terapéutico y una vez que se produjo este, espontáneamente, fue acosada judicialmente bajo la premisa de haberlo inducido.

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Este caso de revictimización y de impedimento de atención médica especializada solo muestra la improvisación, confusión y torpeza de autoridades que imponen criterios morales, en una situación que demanda legislación clara, derechos y libertades.

Se han escuchado declaraciones destempladas sobre la condena de la ONU al Perú por el caso ‘Camila’. En una coyuntura política tan polarizada, las autoridades peruanas se muestran conservadoras y temerosas de la opinión pública. Sin embargo, existe una obligación por parte del Estado para con las niñas como ‘Camila’ que son las afectadas y que resultan siendo víctimas de un sistema que premia al abusador y desconoce su papel protector y promotor de derechos.

La renuencia con la que se ha pronunciado el defensor del Pueblo sobre el caso, señalando que el aborto terapéutico en caso de violaciones es la salida “más fácil”, pone en claro que no está entendiendo el fondo de la discusión. ‘Camila’ y las más de 1.600 niñas madres del 2022 son víctimas de un sistema que quiere imponer criterios morales a la legalidad que ha costado mucho conquistar.