Defensor de parte

Hay acuerdos que se producen en la política, destinados a resolver diferencias o a dar paso a alianzas para sacar adelante una agenda en común basada en el interés público. Son aceptables porque se hacen de cara al ciudadano, se informan las condiciones y se explican los resultados.

El pacto que está llevando al abogado de Vladimir Cerrón, Josué Gutiérrez, a eventualmente ocupar el cargo de defensor del Pueblo —cuya elección se ha anunciado para hoy en el Congreso— carece de todas esas características. Se ha acordado a espaldas del país, en el secretismo, como resultado de una confabulación entre el fujimorismo y el cerronismo para capturar un puesto clave por el que hay creciente interés político.

El defensor del Pueblo es el representante de los intereses de los ciudadanos frente a los abusos del poder. Su rol es de gran trascendencia, pese a que sus decisiones no son vinculantes. Básicamente, porque es un vocero independiente cuya voz tiene peso propio y porque resulta un necesario balance ante los excesos del propio Estado.

PUEDES VER: Keiko Fujimori reconoce que no hubo fraude para defender a Boluarte de críticas de Petro y AMLO

El ejemplo más reciente lo ha dado la Defensoría durante las protestas sociales de fines de diciembre a marzo de este año. Ha estado presente en las movilizaciones para que se respeten los derechos humanos de los ciudadanos y luego ha emitido informes independientes sobre el papel que ha cumplido el Gobierno en ese periodo.

¿Cuál es el interés del fujimorismo —aunque para salvar la cara dice que el voto será libre en la bancada— y el cerronismo para promover la candidatura de Josué Gutiérrez? Por lo pronto, en el 2024, ante la eventualidad de haber sido elegido defensor, presidirá la comisión especial de la Junta Nacional de Justicia para escoger a sus nuevos integrantes, que a su vez designarán jueces y fiscales.

Con tantos procesos penales acumulados entre el fujimorismo y el cerronismo, es para ellos muy importante controlar esa comisión y tener injerencia en la determinación de los nuevos operadores de la justicia. Hay allí un interés concreto de la corrupción, que no puede perderse de vista.

PUEDES VER: Hildebrandt a Benavides tras advertencias a sus periodistas: "Vaya a dar órdenes a sus fiscalitos"

Por otro lado, hay una necesidad del Ejecutivo de sumar voceros a su causa, en momentos en que está siendo interpelado por su participación en los hechos de sangre de las protestas sociales. La Defensoría actual ha sido una piedra en el zapato por su mostrada independencia.

Un operador político como Gutiérrez podría ser un socio más que conveniente para el régimen de Boluarte y de todos sus aliados, incluido el fujicerronismo. Por ello, hay que denunciar este acuerdo espurio, que va contra los intereses del país.