Ataques a la JNJ

La maquinaria política en el Congreso de la República mantiene su objetivo de aumentar su poder, sojuzgando a los otros poderes del Estado. Para lograrlo, usa su precaria mayoría en la que se compatibilizan intereses por encima de ideologías, y va a la captura de instituciones. La debilidad del Gobierno, cuya estabilidad le prestan el Parlamento y las Fuerzas Armadas, ha contribuido a esta voracidad que muestra el Legislativo.

Tiene en la mira a la Defensoría del Pueblo, al Jurado Nacional de Elecciones y también a la Junta Nacional de Justicia. Ya ha dominado el Tribunal Constitucional y ahora pretende seguir hundiendo el barco institucional para lograr lo que con los votos le resulta imposible.

Estos abordajes piratas los hace en complicidad con el TC, como en el caso de la Defensoría, mediante modificaciones constitucionales, y ahora van por el JNE, un ente autónomo al que quieren someter al poder político.

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A la Junta la acusan de infracción constitucional, para así desembarcar a los magistrados y colocar a sus protegidos políticos. Es una nueva leguleyada del Congreso para interferir en la autonomía de la justicia y someterla a su capricho.

La bancada de Renovación Popular ha planteado esta acusación contra la JNJ a partir de la denuncia sin sustento contra la magistrada Inés Tello, de quien dicen que por razones de edad no puede ser integrante de la Junta. Ella está a cargo de las tres acusaciones en la JNJ contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Ayer, la Junta ha respondido que se consultó a Servir, institución del Estado en estos casos, y se ha indicado claramente que los magistrados tienen plazo de edad para ingresar, pero no para salir, y que, en el caso de la JNJ, se trata de cumplir con los 5 años de vigencia en el cargo.

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La sala plena de la JNJ hace una invocación al Congreso, luego de realizar un recuento de las iniciativas que se desarrollan para ejercer control político sobre otras instancias. Señala que en el informe de la CIDH se recomienda “reforzar y fortalecer la confianza de la ciudadanía en el Estado a partir de la separación e independencia práctica real y efectiva de los poderes públicos, entes de control y del sistema electoral”.

Esta recomendación y la aclaración previa de Servir debería poner fin a esta nueva intentona parlamentaria para cooptar otras instituciones públicas, que por definición son autónomas.