La verdad se abre paso

El suboficial de la Policía José Luis Soncco no murió, según los estudios forenses, quemado vivo dentro de su patrulla policial. Su cuerpo fue dejado al lado del vehículo en llamas para que lo alcanzara el fuego. Habría fallecido antes por un TEC provocado por un objeto contundente, posiblemente una piedra.

Esta versión, luego de las indagaciones de la Fiscalía, desmiente la afirmación oficial de que el crimen fue durante la violencia vivida en Juliaca, el 9 de enero pasado, tras las manifestaciones en las que murieron 17 personas; y que el SO Soncco había sido quemado vivo por una turba en reacción a la represión desatada por la policía y las FF. AA.

Hay ya un detenido que ha sido identificado como un suboficial PNP retirado y con antecedentes, quien tenía en su domicilio armamento que pertenecía a Soncco. Hay además un testigo que lo reconoció como parte del grupo que atacó al policía y a su compañero, el que logró escapar.

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Erusbel Apaza, el sospechoso, niega la autoría, pero no ha justificado el hallazgo de las armas y dinero en efectivo en su domicilio, por lo que estará en prisión preventiva por 18 meses. Según la Fiscalía, el ataque se habría coordinado, presuntamente, desde el grupo de WhatsApp llamado Huelga de Juliaca y de luto.

El Gobierno, tras los sucesos de Juliaca y la aparición del cadáver calcinado del agente, insinuó como el móvil del crimen la venganza de los manifestantes. Se acusó a la población enardecida por los muertos en la protesta y se minimizó la gravedad de los hechos, en especial el exceso de la fuerza policial y militar.

 Además, las investigaciones de medios independientes y de organizaciones de derechos humanos han establecido que los crímenes de la mayoría de los 17 compatriotas ocurrieron fuera de la zona del aeropuerto y no correspondieron a la respuesta policial ante la amenaza de la toma de las instalaciones. Por el contrario, hubo una persecución con armas de guerra y con disparos a la cabeza o a la espalda de los supuestos amotinados, como dicen las necropsias.

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En los ataques policiales fallecieron menores de edad, médicos y transeúntes que miraban de lejos las manifestaciones.

Se deben esclarecer las operaciones militares y policiales en Juliaca y en otras ciudades del país. Los organismos de DD. HH. internacionales exigen una investigación con un equipo independiente de especialistas que determinen los hechos. El caso del SO Soncco es otro campanazo más de alerta de una verdad que no puede seguir oculta.