La inseguridad crece

La inseguridad ciudadana crece y se desborda en las calles de Lima y en algunas regiones del país, sin distinguir sector socioeconómico ni distritos en los cuales se presenta la ola delincuencial.

En la última semana de lluvias intensas y de huaicos, las poblaciones ribereñas del Rímac aseguran ser víctimas del pillaje, de ahí que no pueden abandonar sus casas para proteger sus escasos bienes.

En otro punto de la ciudad capital, un ciudadano es baleado para ser despojado de su reloj de alta gama, el que los delincuentes ofrecerán en un ilegal mercado internacional.

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Mientras esto ocurre, la Policía concentra su función en reprimir violentamente con varazos, gases y perdigones en las calles de Lima y regiones del país a ciudadanos indefensos que expresan a diario su protesta.

Ante el avance de las organizaciones criminales peruanas y extranjeras en territorio nacional, se propone el endurecimiento de las penas desde los centros del poder político, como el Ejecutivo y el Legislativo, para seguir la tendencia en América Latina, que quiere imponer como estrategia el “manodurismo” frente al delito.

Algunas estadísticas comparativas del BID permiten analizar que si en Europa por cada 100 víctimas se logran condenar a 81 personas, en América Latina la cifra es desalentadora: apenas se logra sentenciar a 24. La impunidad se impone por una serie de flaquezas y errores de los sistemas de investigación y justicia.

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De ahí la alta desconfianza en las autoridades, incluyendo a la Policía, por lo que se abre paso en los países de la región la autodefensa mediante la toma de justicia por propia mano de la población aplicando linchamientos o sanciones a los delincuentes. En este escenario, los gobiernos encargan a las Fuerzas Armadas el control de la seguridad ciudadana, con las consabidas violaciones de derechos humanos.

Será necesario que los funcionarios del Estado definan exactamente cuál es el rumbo que adoptarán para devolver la tranquilidad a los ciudadanos. Una salida a lo Bukele en El Salvador es tan inconveniente como encargar el control de las ciudades en el Perú a las Fuerzas Armadas. Es una disyuntiva que necesita respuestas urgentes para que podamos como sociedad preservar los valores democráticos al tiempo que se contiene el peligro de una ola delincuencial que no hace más que crecer.