Vidas trans que importan

Si existe una identidad que está, incluso, más expuesta al peligro que la de una mujer cisgénero es la de una mujer trans. Esta premisa, sumada al olvido y desdén por parte del Estado, hace que esta comunidad se encuentre, todavía, más vulnerable. A inicios de esta semana, se presentó una nueva propuesta que busca sancionar los crímenes de odio por razones de orientación sexual e identidad de género: el PL 4228. Su aprobación es crucial; especialmente a causa de los recientes acontecimientos.

En los últimos días, hemos visto en los medios transfeminicidio tras transfeminicidio. Hasta hace poco más de una semana las víctimas eran, al menos, siete mujeres trans trabajadoras sexuales. Una de ellas fue acribillada mientras sus agresores grababan todo en un video que después publicaron.

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No va solo de delincuencia; una excusa que, además, suele ser usada por quienes niegan que exista un componente de odio en este tipo de delitos. En el país el sicariato se expande cada vez más y se cometen asesinatos grupales a plena luz del día y en avenidas principales como el que ocurrió en San Miguel. Pero los transfeminicidios a trabajadoras sexuales no son solo parte del crimen organizado; consiguran transfobia y el fracaso de todos los agentes que deberían proteger a las personas más vulnerables y no lo hicieron.

Es preocupante que resuenen cada vez más en Latinoamérica los discursos esencialistas, racistas, clasistas y transfóbicos de las terf (aquellas pseudo feministas que niegan la existencia de las personas trans y las violentan en todos los niveles); los mismos que se basan en teorías obsoletas. Frente a esto, las diversidades sexo genéricas peruanas demuestran que la vivencia supera al privilegio y a la academia. En el Perú, son ellas las que demuestran quiénes, de verdad, están bajo amenaza de ser borradas mientras solo intentan sobrevivir.

Hay un sistema transfóbico diseñado para que no puedan acceder a un trabajo, a un alquiler, a tratamientos en los servicios de salud pública y a tantos otros derechos porque, directamente, no existen. El Estado peruano cambia, de vez en cuando, un nombre en el DNI de alguna persona trans, pero aún no es capaz de aprobar e implementar una ley de identidad de género, por ejemplo.

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Se trata de una realidad que es respaldada por parte de la población. Solo hace falta ver los comentarios en redes sociales en las noticias de estos transfeminicidios para tener una idea de lo que se piensa y se dice sobre las personas trans. Aquí, lo que desafía a lo misógino, lo machista y lo homofóbico, se desprecia y se mata.

La crisis política que atraviesa el Perú (no importa cuándo leas esto), y que empeora la gestión de Dina Boluarte y quienes desde sus escaños están muy cómodos con ella, es también social. Quienes han sido víctimas de años de olvido lo saben y han decidido alzar la voz. Entre ellas, las mujeres y personas trans, quienes en medio de amenazas por el solo hecho de existir, continúan organizándose, resistiendo y pidiendo una nueva Constitución; una que garantice que sus vidas también importan.