La Constitución Agónica

Gorki Gonzales Mantilla, doctor en Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales por la Universidad de Pisa – Italia. Profesor principal de la Facultad de Derecho de la PUCP.

La Constitución del 93 agoniza. Este es un largo proceso que viene desde su aprobación y no cesa en el tiempo. El deterioro se refleja en los hechos que hoy definen nuestra vida pública, incluso en los más recientes.

Son ejemplos de ello, el intento de golpe de Estado de Castillo, pero también la intromisión de la policía nacional en la vida política del país con el auspicio de la marcha por la paz (aunque se haya retractado).

Sin embargo, también están presentes en forma reiterada en el racismo, en el centralismo, en la ausencia de derechos y reconocimiento para todas las minorías, en la falta de políticas públicas que permitan mejorar la vida de todos los peruanos y peruanas.

La Constitución estuvo herida de muerte desde sus inicios porque se hizo para legitimar la dictadura de los 90´ y, con el paso de los años, para encubrir los actos de “un gobierno autoritario y corrupto”.

Con estos términos fue calificada por la Comisión de Bases creada en el gobierno del presidente Paniagua para reformar la Constitución de 1993, pero una opinión semejante fue compartida por el Tribunal Constitucional en la sentencia del Expediente 014-2002-AI/TC.

Más aún, se trata de una Constitución que “(…) fue aprobada en un debate controlado y no libre, y ratificada por un referéndum que se realizó sin ninguna seguridad ni garantía en sus resultados, con un propósito fraudulento”: una Constitución fallida para un Estado que no está lejos de serlo.

En lo formal, más de una veintena de reformas se han producido en el texto de esta Constitución sin ninguna perspectiva del orden que se pretender articular, sin valorar la fórmula política que se tiene al frente o que se busca optimizar.

Estas reformas, en manos del congreso de la república, han hecho más grave la calidad del orden constitucional en los hechos, porque seguían los dictados de las coyunturas políticas o los intereses económicos ajenos a la Constitución.

Estos grupos de interés en el Congreso son los mismos que se deben a la agenda de los dueños de algunas universidades con fines de lucro o de quienes, hace casi diez años, hicieron fuerza para que el sistema privado de pensiones no se tocara en detrimento de los conglomerados económicos que administran los fondos de miles de ciudadanos en el país.

Son los mismos congresistas que exhiben una aceptación ciudadana que no supera el 10% y, sin embargo, se han permitido reformar la Constitución del 93 para impedir el derecho al referéndum que, en forma inequívoca e inderogable, posee la ciudadanía para definir su propia Constitución.

Los tiempos de incertidumbre auguran más cambios que harán aún más irreconocible y escaso lo que queda del orden constitucional: no solo por su estructura o contenido, sino porque viene siendo configurado de espaldas a la ciudadanía, al poder Constituyente.

Este orden, al final, falso, solo contribuirá a falsificar con más intensidad la realidad. Entonces, la descomposición social, moral y política del país será un viaje sin retorno.