Una cachetada a la democracia peruana

Perú es uno de los pocos países en el mundo en que el sistema de justicia se mostró capaz de investigar y juzgar crímenes atroces. Gracias a la lucha incansable de las familias de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, Fujimori, quien había fugado del país luego de diez años de gobierno arbitrario y corrupto, fue extraditado, juzgado y condenado por un tribunal peruano. El juicio a Fujimori no solo logró la sanción de graves crímenes: ayudó a afirmar un principio fundamental de la democracia: nadie, por más poderoso que sea, está encima de la ley.

Desde el momento de su condena, los familiares y aliados de Fujimori desconocieron la legitimidad del proceso judicial y la sentencia condenatoria, sin base alguna. Sus enemigos utilizaron la justicia para sacar a Fujimori del juego político, dijeron. El tribunal no fue imparcial, dijeron. Y desde entonces, buscaron presionar a los gobernantes de turno para conceder el indulto a Alberto Fujimori, desde Alan García, hasta Ollanta Humala, hasta PPK: quien, para salvarse de la vacancia, le otorgó el indulto humanitario en 2017.

Fujimori gozó un año de libertad hasta que la Corte Suprema de Justicia determinó que además de ser resultado de un vil negociado político, el sustento técnico del indulto fue viciado en varios aspectos, y violaba tanto el derecho peruano como el derecho internacional, como ya había señalado la Corte Interamericana de DDHH. Haciendo valer la ley, anuló el indulto y ordenó el regreso de Fujimori a la cárcel.

El lunes el Tribunal Constitucional dio a conocer la resolución que resucita el indulto fraguado, que liberaría otra vez a Fujimori. La resolución es un mamotreto; basada en argumentos falaces y desconoce la resolución de la Corte Interamericana. Los tres magistrados que votaron a favor de la liberación de Fujimori lo hicieron en base a criterios políticos. Un hecho grave tomando en cuenta que se trata de la más alta corte del país, cuya labor es precisamente velar por el orden constitucional, que incluye los tratados internacionales a los cuales el Perú está adscrito.

Una vez más, el ciudadano de a pie ve cómo la cancha se inclina si eres un político poderoso al que le devuelven los favores en forma de votos en el tribunal más importante del país. Ante un fujimorismo que no acepta las reglas de la democracia, el Perú camina hacia un abismo que solo lo pueden parar instituciones sólidas y una ciudadanía activa. La orden judicial que impide salir del país a Fujimori, pues debe enfrentar juicio por la masacre de Pativilca, es buena señal. Pero, para que una democracia lo sea, se debe respetar el Estado de derecho. Se debe volver a anular el indulto y Fujimori debe seguir cumpliendo su pena.

A 30 años del autogolpe del 5 de abril, liberar a Fujimori es una cachetada a la democracia.