Masificación, renegociación, nacionalización, por Humberto Campodónico

Los tres conceptos pueden analizarse de manera individual. Pero en algunos países, dependiendo de circunstancias particulares, pueden venir juntos. La masificación, entendida como el acceso al gas natural de millones de hogares, depende de la disponibilidad del gas y de la política energética. En Lima se consumen 560 millones de pies cúbicos diarios de gas del Lote 88 de Camisea, de los cuales solo 12 mmpcd abastecen a 1.1 millones de hogares (5.5 millones de personas). Dicho de otro modo: menos del 2% del consumo total de Lima va a los hogares.

Si multiplicamos esa cifra por cinco (5) serían 5.5 millones de hogares en todo el Perú y el consumo sería 60 mmpcd. Como referencia, en Colombia en el 2019 hubo 9.7 millones de conexiones con 141 mmpcd de gas (Informe Promigas 2020). Agreguemos que se producen adicionalmente 540 mmpcd del Lote 56 de Camisea que se van a la exportación. Y que otros 300 mmpcd de gas extraídos en Camisea se reinyectan a los pozos debido a problemas de demanda. Muy claro: hay gas para los hogares.

La falta de energía barata y menos contaminante, entonces, se debe al fracaso del enfoque neoliberal (no quieren empresa estatal) de priorizar las APP, en la búsqueda de rentabilidad económica en lugar de la rentabilidad social y de priorizar Lima y no masificar en la sierra centro y sur. Lo contrario hicieron Colombia y Bolivia (con las estatales Ecopetrol e YPFB), países con enfoques distintos. Y los dos descentralizaron con éxito. Hay que emular lo bueno.

La renegociación busca modificar cláusulas de los contratos firmados entre el inversionista y el Estado. En Perú ha habido más de 500 renegociaciones, el 97% a pedido de las empresas. Lo que se propone ahora mediante la RS-108-PCM, 2 de octubre, impulsada por el expremier Guido Bellido, es ampliar las reservas de gas natural (lo que incluye nuevas inversiones), así como revisar cláusulas de precios y regalías en los contratos de exportación y temas de soberanía, lo que incluye el destino de los recursos naturales.

En 60 días se conocerá la propuesta de la Comisión, que será llevada a la mesa de negociaciones por Perupetro. El objetivo: un acuerdo que sea aceptado por las partes, como sucedió en el 2006, cuando se modificó la fórmula del precio del gas. Importante: no está prohibido renegociar. Ya ha sucedido 500 veces, y muchas acabaron en vergonzosas adendas que nos costaron miles de millones.

El problema puede venir si no hay acuerdo, ya que esos contratos están protegidos por la Constitución de 1993 (Art. 62) y solo pueden ser modificados por mutuo acuerdo. Si no, la empresa puede recurrir al CIADI, como en el 2012. Y habrá que esperar el laudo (1). La última etapa podría ser que el gobierno recurra al Art. 70 de la Constitución de 1993, que plantea la expropiación, previa ley del Congreso, indemnización con justiprecio y compensación, y pago al contado. En el 2007 el gobierno de Evo Morales recompró dos refinerías a Petrobras pagando US$ 112 millones en efectivo. Y en el 2008 recompró a Shell la red de gasoductos (Transredes) por US$ 307 millones al contado (aquí los montos serían mucho mayores). Aparte, YPFB renegoció de manera exitosa los contratos con las empresas presentes en Bolivia.

En EE. UU. el presidente Castillo dijo que la renegociación se hará de acuerdo a ley, recorriendo las etapas y con el debido proceso. Tendría que haber un daño probado muy grande para que un gobierno decida ir directamente al Art. 70 (expropiación). O, como lo dijo ayer el presidente Castillo, plantear un proyecto de ley al Congreso para ir a la nacionalización de Camisea, cuyo contenido es incierto. ¿Esto obviaría la renegociación con debido proceso que plantea la RS-108-PCM? No debiera. El presidente tiene la palabra.

La masificación del gas (con nuevo enfoque estatal) y el logro de mejores condiciones contractuales (pedidas por múltiples candidatos presidenciales y partidos políticos) en una renegociación son necesarios para que el gas de Camisea beneficie a todos los peruanos.

(1) En el 2012 comenzó un arbitraje en el CIADI porque el destino final del gas exportado era distinto al manifestado por la empresa. Ese laudo lo ganó el Estado, que recuperó US$ 62 millones en regalías no pagadas.