La pobreza y el modelo

La tasa de pobreza monetaria aumentó 9,9 puntos porcentuales en el 2020. Se afirma que la causa principal es la pandemia. La explicación es insuficiente. En Chile, creció 3,9 puntos, y en Uruguay, 2,8. En Bolivia, 6,4, y en Argentina, un país con dos décadas de crisis continuas, 8,6. Hay razones de corto y largo plazo que explican que alrededor de 3.26 millones de peruanos hayan pasado a la pobreza en un solo año. Veamos.

Parte importante de la narrativa sobre el éxito del modelo económico consistió en la cantidad de peruanos que habían salido de la pobreza. Pero en el 2013 el Banco Mundial presentó un informe sobre las clases medias en América Latina y reveló que el 40,5% de peruanos, poco más de 12 millones de personas que se consideraban de clase media, eran en realidad vulnerables.

Porque estadísticamente, en el 2013 un hogar con cuatro integrantes se clasificaba como clase media por haber pasado a tener ingresos mensuales de S/ 1.200 (hoy con S/ 1.500). El problema no es menor si consideramos que esas familias dejan de acceder, por ejemplo, a programas sociales, a pesar de que habitan viviendas precarias, que en su mayoría no cuentan con derechos laborales y que, en el caso de ciudades como Lima, destinan parte importante de sus ingresos y tiempo a transportarse hacia sus centros de labores. Pero ni porque el Banco Mundial lo dijo abrimos los ojos.

Esto no es todo. Como parte de la misma narrativa, se instaló la idea de que en la medida que dicha población era sujeto de crédito, sus posibilidades de progreso estaban a su alcance. No importaba que para comprar una refrigeradora tuviesen que pagar tasas de interés del 60%, 80%, muchísimo más altas que las clases medias consolidadas o de altos ingresos. Mientras el sistema garantizaba elevados niveles de retorno para los bancos, el acceso a condiciones básicas de vida solo perpetuaba la vulnerabilidad de millones de personas. ¿Dónde quedó lo “social” de nuestra economía social de mercado?

En este punto es necesario recordar lo que pasó cuando el gobierno del prófugo Toledo propuso fortalecer el Banco de la Nación y que se atendiese a quienes no llegaba la banca privada. El sector empresarial se opuso advirtiendo el retorno del Estado empresario y una supuesta competencia desleal. Mientras Chile mantenía un banco estatal activo, en el Perú eso era una herejía. Y así llegamos a la pandemia, sin capacidad para distribuir los bonos para quienes lo necesitaban.

Ya en medio de la pandemia, el modelo reveló una vez más su orden de prioridades. Cuando se dictó la cuarentena obligatoria, resultó evidente la necesidad de entregar bonos de manera extendida. Pero inmediatamente surgieron quienes alertaron del aumento en exceso del déficit fiscal. ¿Apelaríamos entonces a un mayor endeudamiento? Tampoco podíamos arriesgarnos a ello. ¿Entonces un impuesto a la riqueza? Tampoco, pues se dijo que desincentivaría la inversión. Esas variables fueron más importantes que evitar el hambre y el retorno a la pobreza de millones.

Cualquier política que pretenda cambiar esta realidad debe considerar, además de las personas en pobreza, a quienes –estadísticamente– siguen siendo de clase media pero son población vulnerable, y que hoy deben ser muchos más por la pérdida de ingresos, de ahorros y las descomunales deudas asumidas para financiar oxígeno o gastos hospitalarios.

Nuestros problemas no son solo de “gestión”, son intrínsecos al modelo impulsado en la década del 90. Cuestionarlo no implica renunciar al libre mercado, pero sí repensar el rol regulador y redistribuidor que se le impuso al Estado.