La muerte como derecho
La causa de Ana Estrada en los tribunales de justicia, mientras su derecho a decidir genera controversia.
Ana Estrada quiere morir dignamente. Para hacerlo ha apelado a los jueces peruanos para que le permitan librarse de una enfermedad crónica, degenerativa y terminal, sin que el desenlace sea atribuido a médicos y familiares y conlleve sanciones penales.
Los defensores de la causa de Ana Estrada plantean nuevas dimensiones de los derechos fundamentales, que ya no se restringen a los que están normados, sino que se extienden al ejercicio pleno de la libertad y, en última instancia, a la vida.
Estos derechos han sido consignados por el Tribunal Constitucional como parte de los establecidos en el artículo 3 de la Constitución, como derechos fundamentales no nominados, basados en la dignidad humana. En este desarrollo se han reconocido como derecho a la dignidad, a la integridad, a la vida digna y al libre desarrollo de la personalidad.
Quienes creen que se trata de un pedido de eutanasia, sancionada en nuestras leyes como “muerte benigna” y que se castiga con hasta 3 años de cárcel, consideran la vida como el fin último que debe preservarse. El garante de este cumplimiento es el Estado.
Hay posiciones intermedias como la del gremio médico, que señala que aunque la vida no pueda prolongarse indebidamente, tampoco está en manos del médico acelerar o retrasar el proceso, aunque se trate de un mal irreversible como en el caso de Ana.
La ley define la muerte como el fin de la actividad cerebral, aunque los tejidos y órganos aún mantengan actividad biológica. Tampoco podemos olvidar que la propia Ley General de Salud reconoce nuestro derecho a rechazar tratamientos médicos, aunque ello conlleve la muerte.
Controversias aparte, tenemos que reconocer que todo este debate es posible gracias a Ana Estrada, quien ha tocado la sensibilidad de muchos de nosotros con su llamado. El propio ministro de Justicia ha mostrado su adhesión y apoya el derecho a la libertad que pide ejercer esta ciudadana peruana de 44 años, lúcida y militante.
Mientras se agrava su condición, el defensor del Pueblo lleva su causa desde el 2019 y espera que se resuelva en breve la acción de amparo presentada ante el 11° Juzgado Constitucional.
Aunque Ana permanece atada a un respirador artificial y depende totalmente de la asistencia de terceros, escuchamos su voz fuerte y clara clamando por el derecho a decidir. Y no podemos permanecer indiferentes.