Venezuela prepara ley para perseguir a las ONG y Amnistía Internacional advierte “grave riesgo”
El régimen de Nicolás Maduro sostiene que la mayoría de las ONG están “conspirando” contra Venezuela. Sin embargo, AI asegura que las medidas violarían los derechos de las organizaciones.
El titular de la Comisión de Política Interior del Legislativo, Diosdado Cabello, señaló recientemente que la Asamblea Nacional prepara una ley para fiscalizar las acciones y financiamientos de las ONG. Las medidas serán “muy severas”, sentenció el funcionario cercano al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro.
“Ya comenzamos la consulta pública, ya algunos comenzaron a chillar (...), pero se acabó la mamadera de gallo con las ONG en este país”, expresó el también primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Cabello, número dos del chavismo, indicó que la mayoría de las organizaciones no gubernamentales del país “están conspirando” contra el Gobierno venezolano.
Venezuela alista proyecto de ley que atentaría los derechos de las ONG en Venezuela. Foto: EFE
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Además, afirmó que una vez aprobada y promulgada la ley, las ONG tendrán que registrarse y rendir cuentas sobre la procedencia de los ingresos, “con la cual están conspirando”.
El funcionario oficialista comentó que la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) tendrá que justificar “hasta el último centavo” que recibe.
“No digan que no se lo estamos advirtiendo, y desde ahí atacan, montan conspiraciones, reciben dinero por escribir mal contra su propio país”, añadió Cabello.
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Amnistía Internacional advierte “grave riesgo” para las ONG en Venezuela
El organismo emitió una alerta por el “grave riesgo” para las ONG en el país caribeño ante la posible aprobación de un proyecto de ley que busca supervisar a estas entidades.
La AI sostuvo que, de aprobarse el reglamento, “todas tendrán que cumplir con medidas abusivas o enfrentar un proceso penal. Dichas medidas violarían los derechos de asociación, privacidad y otros, poniendo a las ONG y sus personas beneficiarias en grave riesgo de criminalización y represalias”.
