
El régimen de detención de Santiago Peña volvió a quedar bajo cuestionamiento. El juez penal de garantías Osmar Legal ordenó trasladar al expresidente paraguayo desde el Regimiento Escolta Presidencial, donde cumplía prisión preventiva, hasta la Prisión Militar de Viñas Cué, en Asunción. La resolución judicial llegó después de que se difundieran denuncias sobre presuntos privilegios concedidos al exmandatario durante su reclusión, entre ellos la instalación de equipos de gimnasia.
La decisión también se produce después de que el presidente Pedro Alliana ordenara la remoción del coronel José Dayub, comandante del Regimiento Escolta Presidencial, unidad a la que había sido trasladado Peña.
En una comunicación dirigida a la Suprema Corte de Justicia Militar, Legal dispuso “el inmediato traslado” del exmandatario a Viñas Cué, donde deberá permanecer “en libre comunicación y a disposición” del juzgado. El magistrado exigió, además, que las autoridades penitenciarias adopten “todas las medidas de seguridad necesarias” para proteger “la vida y la integridad física”.
La resolución establece que Peña deberá permanecer separado de los demás internos, particularmente de “los coprocesados” en la investigación relacionada con Ueno Bank. El juez también solicitó un informe detallado sobre los protocolos y las medidas de seguridad que se implementarán durante su permanencia en el establecimiento militar.
El documento advierte que la disposición corresponde al cumplimiento de una medida cautelar personal y que “no admite dilación”, de acuerdo con el artículo 346 del Código Procesal Penal.
La orden de traslado se conoció después de que trascendieran fotografías de máquinas y equipos de gimnasia instalados en una sala de reuniones del Regimiento Escolta Presidencial. La existencia de esos aparatos fue denunciada por el medio ABC Color.
Detrás de la controversia penitenciaria se encuentra la investigación por el colapso de Ueno Bank, entidad que entró el pasado 3 de noviembre en un procedimiento de resolución ordenado por el Banco Central de Paraguay.
El banco reportaba más de 2,94 millones de clientes y administraba fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), de otras cuatro cajas de jubilados del país y de diversas instituciones públicas. La dimensión de sus operaciones convirtió su liquidación en un asunto de especial relevancia económica e institucional.
El caso también alcanzó a las autoridades del sistema financiero. El titular del Banco Central, Carlos Carvallo, y tres exdirectivos de la entidad bancaria figuran entre las personas detenidas e investigadas.
Peña permanece privado de libertad desde el 6 de noviembre, según una de las versiones incluidas en la información proporcionada. Otro de los textos sitúa el inicio de su detención el 7 de noviembre. La documentación compartida también señala que su encarcelamiento se produjo después de que el Senado lo declarara culpable de “mal desempeño de funciones”.

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