Gobierno de Trump limita visas a estudiantes y periodistas extranjeros con la eliminación de la "duración de estatus"

La Administración de Donald Trump ejecutó un drástico endurecimiento de sus políticas migratorias que impactará a más de dos millones de extranjeros, poniendo fin a una regulación de cinco décadas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la eliminación oficial de la laguna jurídica relacionada con la duración del estatus, un mecanismo que permitía a estudiantes extranjeros, visitantes de intercambio y representantes de los medios de comunicación permanecer en Estados Unidos de manera indefinida sin una supervisión gubernamental rutinaria.

Según el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, el objetivo principal es que este grupo complete sus actividades reglamentadas y posteriormente regrese a su país de origen, evitando que se conviertan en estudiantes de por vida al matricularse continuamente en cursos para evadir su salida de la potencia del norte.

La nueva normativa, que está prevista para regir el próximo 15 de septiembre —60 días después de su publicación en el Registro Federal—, introduce plazos fijos severos que limitan las categorías F de estudiantes, J de programas de intercambio cultural, e I de periodistas y medios de comunicación.

Los universitarios y participantes de intercambio verán restringida su admisión a un máximo de cuatro años, vinculada estrictamente a la fecha indicada en sus Formularios I-20 o DS-2019, obligando incluso a alumnos de doctorados de seis años o aquellos que apliquen al programa de formación práctica opcional (OPT) a solicitar prórrogas bajo el Formulario I-539 ante el servicio de migración (USCIS).

Tras la conclusión del programa, el margen de preparación para la salida se reduce de los 60 días actuales a tan solo 30 días, lo que ha encendido las alarmas en el sector de la educación superior.

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Un golpe al periodismo extranjero

El golpe normativo a los trabajadores de prensa con visado I modifica drásticamente las estancias que solían otorgarse por periodos de tres o cinco años, recortándolas a un máximo de 240 días con opción a prórrogas.

El escenario se vuelve aún más hostil para los periodistas con pasaporte de China —excluyendo Hong Kong y Macao—, cuyo permiso de permanencia se reducirá a un tope de 90 días. El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, calificó esto de "discriminatoria", advirtiendo que su país "se reserva el derecho a tomar contramedidas recíprocas" contra los medios norteamericanos.

En territorio estadounidense, el Comité para la Protección de los Periodistas emitió un duro comunicado donde calificó esta medida como "el comportamiento de una democracia en retroceso, no la vanguardia internacional de la libertad de expresión".

La justificación oficial del DHS descansa sobre el incremento masivo de flujos registrados, al reportar que solo en 2024 se concedieron 1,8 millones de visados a estudiantes —un 11% más que el año anterior—, 500.000 para intercambio y 37.300 para periodistas, volúmenes que según la agencia "plantean un desafío" para supervisar adecuadamente a las personas dentro de sus fronteras.

No obstante, las principales organizaciones académicas del país manifestaron un enérgico rechazo; Zuzana Wootson, subdirectora de política federal de la Alianza de Rectores sobre Educación Superior e Inmigración, declaró a la agencia Associated Press que la medida es "innecesaria y redundante", dado que los estudiantes internacionales son de las poblaciones de no inmigrantes más vigiladas.

Del mismo modo, Fanta Aw, directora ejecutiva de la Association of International Educators, sostuvo que la norma aumentará la incertidumbre y la carga burocrática, mientras que el American Council on Education alertó sobre un "impacto devastador" en la economía nacional y en la competitividad de las instituciones para atraer talento global.

Pago por la Green Card

El diario 'Wall Street Journal' reveló que el Gobierno federal evalúa exigir una fianza o depósito de 100.000 dólares en los consulados para acceder a una tarjeta de residencia o Green Card desde el extranjero, monto que solo sería reembolsado cuando los aplicantes obtengan la ciudadanía de Estados Unidos, un trámite que suele tardar años.

Estas determinaciones financieras ya enfrentan una férrea oposición judicial; recientemente, el juez federal Leo Sorokin, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Boston, dio lugar a una demanda de 20 estados y anuló una cuota idéntica de 100.000 dólares fijada para los visados de trabajo calificado H-1B, argumentando que la Administración se extralimitó en sus facultades e infringió la Ley de Procedimiento Administrativo.