Español es condenado a prisión por abusar sexualmente de empleada: se aprovechó de su situación irregular

El Tribunal Supremo de España ratificó la condena de siete años y un mes de cárcel a un hombre que abusó sexualmente de su empleada del hogar, una mujer inmigrante en situación administrativa irregular. El fallo señala que el agresor se aprovechó de su vulnerabilidad para retenerla, agredirla y someterla durante días, restringiendo su libertad y anulando cualquier posibilidad de defensa.

El caso ha generado repercusión por la crudeza de los hechos y por poner en evidencia la desprotección de muchas trabajadoras domésticas, especialmente aquellas que, por no tener papeles, se ven expuestas a todo tipo de violencia y coacción. La sentencia también impone una multa por lesiones físicas que se suman al abuso reiterado.

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Abusos reiterados bajo coacción y aislamiento

La relación laboral comenzó el 21 de abril de 2019, cuando el agresor ofreció trabajo doméstico en su domicilio madrileño a la víctima, quien aceptó por necesidad. Desde el primer día la mujer se desempeñó en sus funciones, pero solo tres días más tarde, el empleador inició los tocamientos indebidos.

Según el fallo judicial, el acusado le tocó los glúteos mientras le servía la comida, acompañado del comentario “qué rica estás”. La mujer protestó inmediatamente, exigiéndole respeto. Sin embargo, el hombre desoyó sus palabras y, días después, le tocó los pechos por debajo de la ropa. En ese momento, le advirtió que no tenía forma de defenderse por ser “una inmigrante ilegal”, y acto seguido, le confiscó el teléfono móvil y su pasaporte.

El Tribunal Supremo destacó que el condenado buscó neutralizar cualquier posibilidad de denuncia. A partir de ese momento, el agresor continuó tocando a la víctima sin su consentimiento y profiriendo frases sexuales explícitas como: “quiero olerte el coño, te deseo”, obligándola incluso a ducharse con la puerta abierta.

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Un viaje forzado que culminó en una agresión

El 30 de abril de 2019, el condenado obligó a la mujer a acompañarlo a Fuengirola (Málaga) con la excusa de que debían resolver asuntos laborales. El 1 de mayo, en la habitación del hotel, le ordenó que se desnudara y bailara para él. La amenazó con abandonarla sin dinero, y aunque ella accedió mientras lloraba, el abuso culminó cuando le introdujo los dedos en la vagina.

El regreso a Madrid no detuvo el horror. Dos días más tarde, la víctima, al ser nuevamente manoseada, se defendió empujándolo y logró encerrarse en el baño, donde recuperó su móvil. Desde allí, escribió al 112 y mantuvo una conversación vía WhatsApp con el agresor que forma parte del expediente:

- “Ya tienes una hora en el baño, sal que quiero oler tu coño, te deseo”, le escribió él.
- “No voy a salir, por favor. Tú tienes hijos y nietos. Solo págame y me voy”, respondió ella.
- “Llama a la Policía y verás que no te hacen caso. Yo soy español y tú eres una negra inmigrante”, agregó el agresor.

Aprovechando un descuido del hombre, la mujer escapó descalza y a medio vestir. Con ayuda de una vecina, esperó la llegada de los agentes en el portal del edificio.

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Condena firme del Tribunal Supremo y consecuencias legales

El Tribunal Supremo ratificó en su totalidad la condena impuesta por instancias anteriores: siete años y un mes de prisión por un delito continuado de abuso sexual, más una pena por un delito leve de lesiones, sancionado con 45 días de multa (12 euros diarios).

Las lesiones reconocidas incluyen arañazos en el tórax y el brazo, así como contusiones que provocaron dolor físico y requirieron atención médica inmediata. El diagnóstico médico acreditó cinco días de perjuicio personal básico, sumando evidencia a la causa.

El fallo destaca cómo el condenado abusó de su posición de poder y de la situación administrativa irregular de la víctima, lo que la dejó completamente desprotegida y sin recursos para resistir o denunciar. El caso pone sobre la mesa la urgente necesidad de reforzar los mecanismos de protección a mujeres migrantes, especialmente aquellas que ejercen trabajos domésticos sin contrato ni garantías legales.

Este proceso judicial también visibiliza la violencia que muchas mujeres enfrentan en entornos laborales donde el poder del empleador y la falta de papeles las convierte en víctimas silenciosas de agresiones sexuales y violencia sistemática.