Agentes de ICE abandonados junto a 8 inmigrantes condenados por asesinato y con amenaza de ataque terrorista en África

Tres agentes del ICE y ocho inmigrantes con antecedentes delictivos extremos quedaron varados en Yibuti después de la interrupción judicial de su deportación a Sudán del Sur. La misión, inicialmente habitual, se volvió complicada debido a un aterrizaje obligatorio.

Fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han calificado las condiciones como "escandalosas", lo que ha suscitado inquietudes respecto a la seguridad y el bienestar del grupo.

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¿Por qué están atrapados en Yibuti oficiales del ICE y migrantes bajo amenazas y condiciones extremas?

El 22 de mayo, el juez Brian Murphy canceló un vuelo al determinar que la administración anterior transgredió una orden judicial al trasladar a inmigrantes a naciones donde no nacieron. Solo uno de los ocho provenía de Sudán del Sur, mientras que los demás provenían de Cuba, México, Laos, Myanmar y Vietnam.El fallo obligó a aterrizar en Yibuti sin acceso inmediato a medicación contra la malaria y expuestos a contaminación ambiental.

La base estadounidense Camp Lemonnier, que alberga a oficiales y migrantes confinados, se encuentra bajo amenazas de cohetes provenientes de Yemen. Sin acceso inmediato a tratamiento y medicamentos contra la malaria están expuestos a contaminación ambiental, fueron descritas por fuentes del Departamento de Seguridad Nacional como "escandalosas".

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¿Qué delitos han cometido los migrantes que están varados con los oficiales de ICE?

Los inmigrantes han sido sentenciados por crímenes extremadamente graves. Entre ellos un sujeto sentenciado por el homicidio de un turista alemán, otro por abuso sexual reiterado a una menor de siete años, y varios con antecedentes por intento de homicidio, incendio provocado y secuestro.

Todos poseen órdenes definitivas de deportación emitidas después de cumplir condenas en Estados Unidos, sin embargo, el juez dispuso suspender su traslado y brindarles la opción de interponer apelaciones. El escenario ha provocado conflictos entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, quien aspira a intensificar las expulsiones por razones de seguridad.

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