¡Atención, inmigrantes en EEUU! Nueva demanda contra Trump para prohibir la Ley de Enemigos Extranjeros

Esta semana se confirmó que la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda contra la administración de Donald Trump debido al uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a varios inmigrantes. La organización asegura que es ilegal viola los derechos humanos de cientos de ciudadanos venezolanos deportados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

Los representantes alegan que la ley de 1798 incumple con sus bases legales en cuando a su aplicación en un contexto donde no se considera una guerra interna o entre naciones. Además, aseguran que la deportación de inmigrantes no tienen vínculos con actividades criminales o amenazas en Estados Unidos.

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ACLU demanda al gobierno de Donald Trump por la Ley de Enemigos Extranjeros

De acuerdo con Telemundo, la ACLU acusa a la administración de Trump de emplear la Ley de Enemigos Extranjeros de manera inadecuada para justificar deportaciones arbitrarias. Hasta el momento, más de 200 inmigrantes venezolanos fueron deportados a El Salvador. Sin embargo, la demanda recae en aquellos ciudadanos que no se demostraron su culpabilidad de pertenecer a la banda criminal El Tren de Aragua.

Lee Galerny, abogado de ACLU, declaró que: "Estamos diciendo que la administración no puede utilizar la ley de tiempo de guerra para hacer cumplir la inmigración regular. Creemos que es claramente ilegal. Esperamos que los tribunales estén de acuerdo para que no se envíen más venezolanos a El Salvador bajo esta ley". El juicio se llevará a cabo en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos a finales de junio de 2025.

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¿Qué es la Ley de Enemigos Extranjeros?

La Ley de Enemigos Extranjeros, promulgada en 1798, otorga al presidente de Estados Unidos facultades para deportar a ciudadanos de países considerados enemigos en situaciones de guerra o invasión. Sin embargo, esta norma no estaba pensada para aplicarse en contextos de paz ni contra individuos sin evidencias concretas de participación en actividades hostiles.

La ley permite la expulsión de personas “sin necesidad de juicio” cuando se determina que representan una amenaza directa para la seguridad nacional.