Violenta toma del Congreso por bolsonaristas recuerda al ataque del Capitolio de EE. UU. en 2019

La invasión este domingo por parte de simpatizantes del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro de la sede del Ejecutivo de su país, la Corte Suprema y el Congreso Nacional evoca al asalto al Capitolio de EE. UU., cuyo segundo aniversario se cumplió hace dos días y en el que cinco personas fallecieron. Pese a haber pasado dos años, las heridas de ese ataque en el país norteamericano siguen abiertas y prueba de ello ha sido el hecho de que el republicano Kevin McCarthy tardara esta semana hasta 15 votaciones en ser elegido por su partido como presidente de la Cámara Baja estadounidense por culpa de un grupo conservadores trumpistas.

Unos republicanos radicales creen a pies juntillas en el pretexto que centenares de seguidores del ahora expresidente Donald Trump (2017-2021) utilizaron para irrumpir en la sede del Legislativo de EE. UU., el cual afirma que hubo un fraude electoral en los comicios presidenciales de noviembre de 2020, en los que el demócrata Joe Biden derrotó a Trump.

Los seguidores de Bolsonaro ocuparon este domingo el Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo, y la Corte Suprema después de haber asaltado antes el Congreso Nacional, en Brasilia, en actos golpistas contra el jefe de Estado Luiz Inácio Lula da Silva.

Toma del Congreso de Brasil

De la misma forma, los partidarios de Trump irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero de 2021 en un intento de impedir que se ratificara la victoria de Biden en los comicios presidenciales de 2020.

Los simpatizantes trumpistas asaltaron el Capitolio después de que el entonces presidente republicano pronunciara un discurso incendiario en el que les instó a marchar hacia el Congreso, cuando las dos cámaras estaban reunidas para refrendar el triunfo electoral de Biden, y en medio de las denuncias infundadas del republicano de que los demócratas habían cometido un fraude en los comicios.

A diferencia de Bolsonaro, cuando se produjo el ataque, Trump todavía ocupaba la presidencia y, de hecho, pronunció su discurso desde la Casa Blanca.

Finalmente, horas después de haber entrado en el Capitolio, los asaltantes trumpistas fueron finalmente expulsados por las fuerzas de seguridad y los legisladores pudieron certificar la victoria de Biden, lo que permitió su investidura días después y la salida de Trump de la mansión presidencial.

Desde su salida del poder, Trump ha fijado su residencia en su mansión en Mar-a-Lago (Florida, EE. UU.), el mismo estado elegido por Bolsonaro para eludir su asistencia a la investidura de Lula.

Se desconoce si ambos han tenido algún tipo de contacto allí, aunque no sería de extrañar dada la gran sintonía que los dos mostraron cuando estaban en el poder. El asalto de los bolsonaristas se produce una semana después de la proclamación de Lula, quien derrotó a Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones en octubre.

De una manera similar a Trump, Bolsonaro ha alimentado el descontento de su base desde su derrota y abandonó la presidencia sin haber reconocido que perdió en los comicios, como el estadounidense hizo en su día.

Desde esos sucesos en EE. UU., más de 950 personas han sido arrestadas por su participación en el ataque y 192 han recibido penas de cárcel, ya sea en juicios o por acuerdos de culpabilidad, según datos del Departamento de Justicia.

Respecto a Trump, han tenido que pasar dos años para que el comité del Congreso que ha investigado los sucesos, controlado por los demócratas, lo señalara sin titubeos como el principal responsable del ataque.

En su informe final, presentado el 19 de diciembre, el comité pidió al Departamento de Justicia del Gobierno de Biden que impute penalmente al republicano y exhortó al Legislativo que impida que Trump pueda postular de nuevo en las elecciones de 2024, como él ya ha adelantado que es su intención.

Tras meses exponiendo con testimonios lo que pasó en las entrañas de la Casa Blanca durante el asalto al Capitolio, el grupo de trabajo concluyó que Trump cometió los delitos de incitar a una insurrección, obstruir un procedimiento oficial, defraudar al Gobierno y efectuar declaraciones falsas.

Mientras, en el Departamento de Justicia, las cosas van despacio. En noviembre último fue cuando el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, nombró a un fiscal especial para indagar el papel del exmandatario en el asalto.