Piñera al borde de la vacancia: ¿se convertirá en el primer presidente chileno destituido?

Tras el rechazo de la Comisión Revisora sobre la acusación constitucional contra Sebastián Piñera y a la espera de la sesión plenaria el lunes 8 de noviembre donde los diputados analizarán el libelo, la expectativa sobre si se avecina la destitución del mandatario se hace cada vez mayor.

La oposición chilena presentó el pasado miércoles en la Cámara de Diputados una moción de censura para destituir a Piñera por las presuntas irregularidades sobre la venta de un proyecto minero que figuran dentro de la investigación de los Papeles de Pandora. Sin embargo, con dos votos a favor, dos en contra y una abstención, la acusación constitucional no fue admitida este viernes en una votación no vinculante de la Comisión Revisora.

El diputado independiente de centroizquierda, José Auth, fue quien se abstuvo en la sesión al calificar como débiles algunas acusaciones contra el actual presidente, aunque también hizo énfasis en la gravedad del asunto.

Pese al informe negativo emitido por la comisión, el lunes 8 desde las 10.00 a. m., la Cámara baja se reunirá para debatir la moción previa a su paso por el Senado. En esta oportunidad se requerirá la aprobación de 78 de los 155 parlamentarios. La meta es que el procedimiento llegue a última instancia antes de las elecciones presidenciales del 21 de noviembre. Ahora, aunque el Gobierno chileno se encuentra en jaque y un paso más cerca de conocer al nuevo líder del país, ronda por las calles el fantasma de una posible vacancia.

La cientista política chilena Javiera Arce-Riffo afirma que no está claro el panorama que se divisa hacia la reunión del lunes, debido al contagio del diputado Gabriel Boric con COVID-19 que podría dar un revés.

“El candidato presidencial Gabriel Boric, quien anduvo haciendo durante dos días campaña con síntomas de covid, contagió o pudo eventualmente contagiar a un par de diputados y diputadas más, bajando precisamente el quórum y la cantidad de votos que se requieren, que en este caso por ser una cuestión constitucional son 2/3”, precisa Arce-Riffo.

Añade que no divisa cerca una destitución ni otro tipo de sanción para el mandatario relacionada con su aparición en los Pandora Papers.

“No veo que Sebastián Piñera sea destituido. No va a haber vacancia, estoy prácticamente segura que eso no va a ocurrir”, comenta.

De esta manera, asegura que solo queda esperar el fin de su periodo presidencial en marzo próximo.

Esta es la segunda vez que se pretende juzgar políticamente a Piñera, luego del fallido intento de noviembre de 2019 por presuntas violaciones a los derechos humanos que supuestamente tuvieron lugar durante las protestas contra la desigualdad.

Tras el retorno a la democracia en 1990, todos los presidentes en Chile han logrado culminar su mandato.

El caso Piñera

A inicios de octubre salieron a la luz los Pandora Papers, una investigación periodística que reveló transacciones de personalidades y autoridades en paraísos fiscales. Dentro de la larga lista de involucrados se encontraba el presidente de Chile, Sebastián Piñera.

La Fiscalía Nacional de Chile anunció una investigación penal contra el mandatario sobre la posible comisión de los delitos de cohecho, soborno y evasión tributaria.

Según los documentos expuestos, la venta del proyecto minero y portuario Dominga fue firmada en las Islas Vírgenes Británicas en diciembre de 2010 y el pago de la tercera y última cuota fue condicionado a que en la zona donde se instalaría la empresa no se realizaran cambios medioambientales que impidieran su instalación.

En agosto de 2010, Piñera había reubicado la instalación de una termoeléctrica ya aprobada y que sería construida en el mismo lugar que Dominga, a tan solo 30 km de un medioambiental con flora y fauna en peligro de extinción y con especies únicas de la zona. Además, en aquel entonces se desconocía la existencia de las condiciones del pago por el proyecto, que fue adquirido por Carlos Alberto Délano, un amigo íntimo del mandatario, por US$ 152 millones, de los cuales US$ 138 millones se concretaron en el paraíso fiscal.

Sebastián Piñera señala que no fue informado de aquella transacción y que, además, los hechos ocurridos en 2010 ya prescribieron. Su defensa reitera que una investigación judicial realizada en 2017 sobre otras gestiones empresariales de la familia Piñera Morel determinó que el presidente no estuvo involucrado ni cometió delitos.

Según la constitución chilena, está permitido acusar a un presidente durante el ejercicio de su mandato y hasta seis meses después de terminado el periodo.