El atentado terrorista del 11 de setiembre del 2001 es una de las fechas más trágicas de la historia de Estados Unidos. En el 20 aniversario del fatídico ataque, el FBI desclasificó un documento que analiza las posibles conexiones entre varios ciudadanos sauditas en Estados Unidos y dos de los atacantes.
Los deudos de las víctimas libran una lucha constante para que estos documentos clasificados se difundan. Su solicitud se basa en la sospecha de que los funcionarios sauditas habrían tenido conocimiento previo del atentado, pero que no intentaron detenerlo.
No obstante, el documento que vio la luz recientemente no muestra ninguna evidencia de que el Gobierno de Arabia Saudita haya sido cómplice del complot suicida orquestado por el grupo terrorista islámico Al-Qaeda.
El documento propalado por el FBI cuenta con 16 páginas y su contenido muestra la información obtenida de una fuente de identidad clasificada (nombrada como PII) que describe los contactos entre varios ciudadanos sauditas y dos de los secuestradores: Nawaf al-Hazmi y Khalid al-Midhar.
Los dos personajes mencionados ingresaron en el 2000 a los Estados Unidos haciéndose pasar por estudiantes. Los datos proporcionados por la entidad estatal indican que luego recibieron apoyo logístico de Omar al-Bayoumi, este último, según testigos, era un visitante frecuente del Consulado de Arabia Saudita en Los Ángeles.
De acuerdo con la fuente del FBI, Bayoumi tenía “un estatus muy alto” en el consulado. “La asistencia de Bayoumi a Hamzi y Midhar incluyó traducción, viajes, alojamiento y financiación”, señala.
Por otro lado, el registro asegura que los dos secuestradores tuvieron vínculos con el líder musulmán extremista Fahad al-Thumairy, quien se desempeñaba como imán (posición de liderazgo en el islam) de la mezquita del rey Fahad en Los Ángeles.
Según cita la agencia de noticias AP, los dos jóvenes, Bayoumi y Thumairy, abandonaron los Estados Unidos semanas antes del 11 de setiembre.
Los Gobiernos de George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump se negaron a desclasificar los documentos argumentando que era una cuestión de seguridad nacional. Sin embargo, el actual presidente Joe Biden ordenó la revisión de los archivos y pidió a los funcionarios que publicaran lo que pudieran durante los próximos seis meses.