Cupo laboral trans es ley en Argentina, país que marca hito en igualdad de derechos

Este jueves 24 de junio, el Senado de Argentina convirtió en Ley el proyecto de inclusión laboral para la población trans, travesti (término que en la región ha sido resignificado y reivindicado en términos identitarios y políticos) y transgénero.

La iniciativa establece que el Estado deberá contratar al menos en el 1% de la dotación de la administración pública, en todas las modalidades de contratación regular vigentes, a personas que integran el colectivo.

La sesión fue seguida desde el recinto de la Cámara Alta por representantes de la comunidad trans, que calificaron la jornada como “un día histórico” por la discusión de esta ley.

Según el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, se trata de una “política que promueve la igualdad, reconoce derechos fundamentales y nos acerca a un país más justo”.

“Esta conquista profundiza el camino iniciado por la Ley de Identidad de Género en nuestro país, que continuamos con el decreto 721/2020 de Cupo Laboral Travesti Trans en el Sector Público Nacional”, destacó la cartera en un tuit.

En la apertura del debate, la presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango, declaró que la ley “produce una hermosa y estupenda sensación”. “Después de tantos años, nuestro país tendrá una ley que beneficia al colectivo de gays, lesbianas, travestis, trans y otra identidades de género”, celebró.

“Esta ley viene a compensar tanto dolor y desamparo sufrido durante décadas y tantas vidas truncas”, sostuvo Durango, y añadió que los senadores tienen hoy “la oportunidad de revertir una realidad de discriminación y violencia que somete a las personas travestis, trans y transgéneros”, recoge Télam.

Durango señaló que se busca con la norma “establecer medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral para una igualdad real de oportunidades en todo el territorio nacional”. También subrayó que se discute “algo más que el cupo laboral” y afirmó que es un debate sobre “derechos humanos”.

Durango remarcó que las personas de este colectivo “continúan recibiendo restricciones para acceder al trabajo y dificultades para vivir en condiciones dignas”, y recordó que la expectativa de vida es de entre 35 y 40 años.