Dióxido de cloro: la controversia en Bolivia por su legalización sin el respaldo del Ejecutivo ni sustento científico

La crisis en Bolivia por la pandemia de la COVID-19 llevó en pocos meses al colapso hospitalario, la especulación, el sobreprecio y desabastecimiento de medicinas, provocando que los bolivianos busquen otras alternativas para luchar contra el virus. Una de estas ’alternativas’ es el dióxido de cloro, la polémica sustancia que cierto sector del país altiplánico la considera como una especie de “cura milagrosa” o “producto de inmunización”, a pesar de que no existen pruebas científicas de tales efectos.

Este hecho fue el punto de partida para una nueva crisis política. El Gobierno de Jeanine Áñez rechazó la distribución y el uso del dióxido de cloro por su toxicidad y la no comprobación de sus supuestas propiedades curativas. Sin embargo, el Parlamento hizo caso omiso y, el último 5 de agosto, la Cámara de Diputados admitió el Proyecto de Ley que regula la elaboración, comercialización, suministro y uso consentido de la solución de Dióxido de Cloro (SDC), como prevención y tratamiento ante la pandemia del Coronavirus (COVID-19).

La bancada que avaló en mayoría al dióxido de cloro en el Congreso boliviano fue el partido Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales. Más allá de ser un grupo abiertamente discrepante del Ejecutivo, este partido informó en el Pleno que habían permitido el uso de este químico no de forma “obligatoria”, sino como un “medio alternativo”.

De toda Bolivia, Cochabamba es la ciudad donde se registra la mayor demanda de este producto. De hecho, el alcalde José María Leyes (quien dio positivo al coronavirus) mostró su sintonía con el compuesto químico. “Considero que es necesario probar otras alternativas medicinales, como el dióxido de cloro”, escribió el pasado 10 de julio a través de su Twitter.

En esa línea, el bioquímico-farmacéutico Federico Anze aseguró al diario El País de España que más de 50 mil cochabambinos ya han ingerido esta sustancia. “Si tú ves, las colas son de 500, de 800 personas diariamente (...). El dióxido de cloro, al destruir al virus, es también curativo” aseguró pese a no tener un estudio científico que lo avale.

¿Qué dice la OMS y la FDA sobre el dióxido de cloro para tratar el coronavirus?

Sin embargo, tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue explícita al señalar con anterioridad que “jamás se debe pulverizar lejía u otros desinfectantes sobre el cuerpo ni introducirlos en el organismo” ya que “estas sustancias pueden ser tóxicas si se ingieren, y el contacto con ellas irrita y daña la piel y los ojos”. Por lo tanto advierte que “la lejía y los desinfectantes deben utilizarse únicamente para la desinfección de superficies y siempre con las debidas precauciones”.

A eso se le suma la palabra de la Agencia Reguladora de Alimentos y Medicinas de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), quienes también alertaron de los serios daños al organismo que suponen el consumo del dióxido de cloro. “A pesar de advertencias previas, a la FDA le preocupa que todavía estamos viendo productos de dióxido de cloro a la venta con afirmaciones engañosas de que son seguros y eficaces para el tratamiento de enfermedades, ahora incluyendo el COVID-19, la venta de estos productos puede poner en peligro la salud de una persona y retrasar el tratamiento médico apropiado”, dijo el comisionado de la organización, Stephen Hahn.

Pese a que todavía falta que el Poder Ejecutivo de Bolivia refrende la ley que apoya el dióxido de cloro como tratamiento para la COVID-19, su cuestionada aprobación permitiría que:

- Ciertos laboratorios autorizados puedan elaborar el producto.

- Deban colocar en el envase la información completa sobre la dosis y también las contraindicaciones que deben tenerse en cuenta.

- La comercialización podrá realizarse sin necesidad de recetas médicas en clínicas y farmacias autorizadas.

Recuerde que el dióxido de cloro es un compuesto del cuál se deriva la lejía y que es usado como blanqueador y purificador de superficies industriales. Su promoción y venta para el uso medicinal no solo fue prohibida a nivel internacional sino que en algunos países está hasta penado con cárcel por ser una acto que atenta contra la salud pública.