Bolivia: se desata venta ilegal de plasma hiperinmune para tratamiento contra COVID-19
El Ministerio de Salud de Bolivia ya ha sido alertado sobre la oferta de plasma a través redes sociales por hasta 3.000 dólares y aseveró que esta práctica es considerada un delito contra la salud pública.
Bolivia aprobó en mayo el uso del plasma sanguíneo 'hiperinmune' para el tratamiento de pacientes con coronavirus, obtenido de la sangre de personas que generaron anticuerpos y lograron recuperarse de la enfermedad. Desde entonces, su aplicación ha mostrado resultados favorables.
Frente a este avance, la ministra de Salud, Eidy Roca, anunció este domingo que se encuentran trabajando en una ley que obligará a los pacientes recuperados de COVID-19 a donar plasma que será utilizado con fines terapéuticos en personas contagiadas.
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“Creemos que la solidaridad del que enfermó puede ayudar a salvar la vida y contribuir a evitar el empeoramiento de un enfermo”, afirmó Roca. “Exhortamos a todos los pacientes que lograron recuperarse a extender el brazo de la solidaridad y sumarse al grupo de donantes”, añadió.
La ministra detalló que la norma incluirá sanciones a la comercialización de sangre o cualquiera de sus elementos. Sin embargo, la creciente demanda de este tratamiento, que ha desatado grandes esperanzas de recuperación, también ha propiciado la oferta ilegal del plasma.
Esta semana se dio a conocer una serie de denuncias contra esta práctica ilícita, aparecida principalmente a través de las redes sociales. Las autoridades ya están investigando casos de venta de plasma hiperinmune a cambio de una suma que ascendería hasta los 3.000 dólares.
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Ante esta situación de cobros ilegales, el Dr. Ignacio Alurralde, director del Programa Nacional de Sangre del Ministerio de Salud, declaró este lunes que “es un tema que ha puesto en alerta al Misterio de Salud, ya que se recibieron denuncias sobre la oferta de plasma en redes sociales”.
Alurralde recalcó que la Ley del Banco de Sangre en Medicina Transfusional prohíbe la compra y venta de sangre y aplica sanciones a las personas que incurran en el incumplimiento del artículo 216 del Código Penal de Bolivia, el cual tipifica el hecho como un delito contra la salud pública.
Con información de AFP.