Inés Villa Bonilla, Inés Tello e Hilda Piedra, Greta Minaya o Antonia Saquicuray. A la mayoría de lectores estos nombres probablemente no les digan mucho, pero todas ellas son juezas que, desde la década de los 90 y en medio de las sucesivas podredumbres de un Poder Judicial siempre sojuzgado a punta de decretos del Ejecutivo de turno, le plantaron cara a la corrupción y a los crímenes de Estado. Las tres primeras tuvieron el coraje de imponer su criterio frente al infame Decreto Legislativo 1097 dictado por Alan García en 2010, que abría la puerta de la amnistía a violadores de derechos humanos, entre ellos, los miembros del grupo Colina. Bonilla, Tello y Piedra resistieron, se negaron a archivar la causa y el juicio pudo seguir su curso. Dos años atrás habían sentenciado por primera vez a un general del ejército peruano, Julio Salazar Monroe, condenándolo a 35 años de cárcel por delitos de lesa humanidad. Minaya y Saquicuray, por su parte, se enfrentaron valientemente al fujimorismo en los 90, negándose, por ejemplo, a aplicar la llamada Ley de Amnistía en 1995. Es bueno recordar que durante las épocas más oscuras mujeres como estas, y tantas otras, demostraron que, aún cuando todo parece perdido, es posible ponerle freno a los dictadores, los mafiosos y sus cómplices, mediante la aplicación de la ley que estos pretenden manipular. Y es bueno recordarlo ahora, que otra jueza, Miluska Cano, preside el Colegiado B de la Sala Penal Nacional, que será la que determine si el indultado Alberto Fujimori está implicado o no en el asesinato de seis personas en Pativilca, en 1992. De ser así, el ex dictador podría incluso ingresar a prisión preventiva. Es decir, volver al lugar de donde nunca debió salir.❧
