Entrevista. Joel Segura Alania. Exprocurador nacional anticorrupción en el gobierno del expresidente Ollanta Humala.,Joel Segura estuvo al frente de la Procuraduría Nacional Anticorrupción en el gobierno de Ollanta Humala. Participó en el Seminario sobre Control de la Gestión Pública y Anticorrupción que se desarrolló el jueves en Cusco. Segura echa una mirada al caso Lava Jato. Dice que jueces y fiscales deben recibir muchas presiones porque entre los sospechosos hay varios expresidentes y dueños de empresas poderosas. El caso Lava Jato es un gran reto para el Ministerio Público y Poder Judicial en la lucha anticorrupción. ¿Están respondiendo adecuadamente a ese reto? Están avanzando lento, pero deben lograr el reto. El caso Lava Jato es bastante complejo y creo que la fiscalía y el sistema judicial tienen que avanzar para que finalmente la sociedad pueda descubrir aquí quién cometió el delito. PUEDES VER: Jorge Acurio recibió US$ 1 millón 250 mil de coima por obra de la Av. Evitamiento ¿A qué obedece esa lentitud, pese a que se ha dispuesto todos los recursos y medios? Son casos complejos, no solo por quién está procesado, porque hay presidentes de gobiernos implicados, altos funcionarios, están empresas poderosísimas económicamente hablando y las pruebas no están en Perú sino en Suiza, Brasil y otros países. Entonces eso alarga mucho el tiempo (de recojo de pruebas), hace mucho más complejo de lo que es un caso común. Hay que tener paciencia. En el sistema ahora hay buenos funcionarios, buenos jueces, buenos fiscales. Hay que estar atentos y exigiendo resultados. En las investigaciones hay varios expresidentes bajo sospecha. ¿Los fiscales y jueces reciben mucha presión por eso? Hay una presión fuerte. No vamos a negar que procesar a un ciudadano cualquiera y procesar a un político que ha dirigido un partido político o que ha estado en el gobierno no es lo mismo. Hay una fuerte presión, hay que tener mucho cuidado en el tema de seguridad al investigar, porque si un fiscal realiza imputaciones y no tiene suficiente respaldo probatorio, pues normalmente el sistema se ve debilitado. La idea es avanzar a paso seguro. ¿Cuán fuerte suele ser la presión? El funcionario, el juez, el fiscal o el procurador en estos casos tienen que tener paciencia y suficiente serenidad a la crítica. Muchas veces sale información con mucha crítica contra los operadores de justicia y esa crítica es aprovechada por el sector que apoya políticamente a los investigados. Hay quienes piensan que solo están cayendo los corruptos pequeños y no los grandes... Están yendo paso a paso. Para que caigan las personas grandes se necesita elementos contundentes, porque si no las hay será difícil castigarlos. Hay que respetar la estrategia de los fiscales, darles un voto de confianza porque hay personas muy correctas detrás de las investigaciones. Se hace difícil corroborar la veracidad de los testimonios de Jorge Barata o Marcelo Odebrecht con documentos que están en el exterior... Es complejísimo porque no solo estamos hablando de ahora sino de años atrás. Información que tiene que procesarse por periodos, por sectores y por grandes obras. Se necesita mucha gente, muchas manos. Creo que la preocupación debería ser que los fiscales y jueces tengan todos los elementos necesarios para que hagan su trabajo. La justicia hace su trabajo pero no con eficiencia. El expresidente Alejandro Toledo tiene dos órdenes de prisión preventiva y sigue libre... Él está investigado desde el 2012. Son casos complejos, hay que entender el sistema. En estos casos las pruebas no están acá. Los políticos, los grandes funcionarios y los grandes ladrones la plata no la tienen acá, han utilizado empresas, testaferros, han creado off shore en otros sitios, han hecho mil argucias para llevarse la plata para otro sitio. Entonces, eso (reunir esas pruebas) demanda un trabajo complejo. Estos casos también demuestran que los controles estatales no funcionaron. Sí. Definitivamente no han funcionado, eso nadie lo puede negar a estas alturas. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Pues mirar sobre sus errores y trabajar ajustes en los mecanismos de control y transparencia. Esto enseña mucho al país y espero que aprendamos, aunque a veces no sucede eso. ¿Debería haber una reestructuración de los mecanismos de control? En necesario una reestructuración, porque el resultado ha sido tangible: no han funcionado. ¿Qué cambios serían necesarios para efectivizar el control? Lo que ha faltado ahí es transparencia. Hubo mucha reserva en todo esto; el discurso siempre ha sido el interés nacional y bajo ese manto no se permitía que se pregunte cómo se hacían las obras. Y entonces lo que sabemos ahora es que había acuerdos bajo la mesa para impulsar todas esas obras. ¿Proinversión ha sido uno de los actores principales de estos hechos de corrupción? Sí, lamentablemente. Proinversión fue la que licitó todas estas grandes obras y no se ha hecho bien. ¿Debería también ser reestructurado? También. El Gobierno debe impulsar esa reestructuración. ¿Cuál ha sido el mayor perjuicio de la corrupción: económico, político, institucional o social? Ha sido integral. Ya nadie cree en las instituciones, en las leyes. Todo el mundo ve a un funcionario como una persona corrupta, hay un prejuicio terrible. Hay que separar la paja del trigo, hay gente que cometió delitos y hay gente que no tiene nada que ver en el asunto. Los responsables tienen que responder ante la justicia.