En secreto. Entidad fiscalizadora detectó que el Poder Legislativo, bajo la presidencia de la fujimorista Luz Salgado, ordenó la adquisición violando las normas internas del Parlamento. Salgado no hizo público el resultado de la auditoría.,El propio Congreso de la República reconoció que la compra de 980 computadoras a más de 5 millones de soles que pretendió ejecutar el año pasado era ilegal. En efecto, la Oficina de Auditoría Interna del Poder Legislativo verificó el proceso de compra por 5 millones de soles, y en un informe que la Mesa Directiva mantuvo bajo reserva, señala que se vulneraron una serie de normas para presuntamente favorecer a la empresa proveedora, Grupo Coresol, que se había constituido en un asentamiento humano de Trujillo, La Libertad. PUEDES VER Peruanos por el Kambio se adhiere a pedido de destitución de contralor Alarcón El informe ratifica las ilegalidades alertadas por La República en la compra de las computadoras, como la violación de los dispositivos internos del Congreso. Sobre este caso, en su momento el contralor Edgar Alarcón subestimó su importancia bajo el argumento de que “solo se trata de cinco millones”. En enero del 2016, el Congreso inició las gestiones para adquirir 220 equipos de cómputo por un millón y medio de soles, tal como estableció en su Plan Anual de Adquisiciones. Sin embargo, en octubre elevó la cifra en dos oportunidades: primero a 260 y luego a 980 unidades. La auditoría interna detectó que la necesidad de comprar 260 computadoras estaba justificada, pero no la de 980. El Congreso pretendía enviar dos equipos a cada despacho de los 130 congresistas, y el resto a los talleres de carpintería, soldadura y pintura, al área de transporte y mensajería, a los operadores de la central telefónica, entre otros, "sin una justificación del uso que le darán, según las funciones que desempeñan esos usuarios", determinó la auditoría. ¿Para qué necesitaban los talleres de pintura y carpintería equipos de última generación? La suerte de Coresol La República dialogó con el funcionario encargado del taller de carpintería, Lidio Cotera Mucha, y este aseguró que nunca solicitó una computadora de última generación. Ni siquiera pidió que le cambien la que tiene asignada. Sin sustento técnico, el Congreso planeaba gastar más de cinco millones de soles. Sin embargo, la presidenta del Congreso en su oportunidad defendió la compra durante una presentación pública, flanqueada por una pizarra que le sirvió para sustentar sus números. La auditoría también permitió detectar que el Grupo Funcional de Compras del Congreso no informó a los postores del valor estimado de las 980 computadoras, lo que era necesario para que estos ajusten sus precios por cantidad. Se trata de un mecanismo para que la entidad pública consiguiera los bienes al mejor precio. Además, el mismo grupo de compras consideró en un primer momento adquirir procesadores de cuarta generación de la marca HP y de la sexta generación de la marca Lenovo. Y terminó comprando todo el lote de 980 computadoras de sexta generación. Si se aplicaban los requisitos originales, la empresa Allstorcorp ofrecía el menor precio entre todos los proveedores. Sin embargo, el mismo día de la adquisición, el 25 de noviembre pasado, un nuevo informe del Grupo Funcional de Compras cambió los requisitos, dejando al Grupo Coresol como el mejor postor de las computadoras, y a Compured como el mejor postor de los monitores. El Grupo Coresol, una empresa sin prestigio en el mercado, recibió la orden de compra del Congreso, pese a que no contaba con el tiempo mínimo de tres años de experiencia que exige el propio Legislativo a sus proveedores. Además, al momento de la compra tampoco acreditó ser representante o distribuidor autorizado en el Perú de la marca Lenovo, tal como exigían las especificaciones técnicas. Recién el 6 de diciembre, casi dos semanas después de la orden de compra emitida por el Congreso, el Grupo Coresol presentó los documentos que la confirmaban como distribuidora autorizada. La Mesa Directiva del Congreso, presidida por la fujimorista Luz Salgado, tuvo que cancelar la compra ante las revelaciones periodísticas que demostraron que era ilegal, y por recomendación de la Contraloría. También optó por despedir al director de Logística, Sergio Romero Loyola. El informe de la auditoría fue enviado a la Contraloría en enero de este año, y a la Mesa Directiva del Congreso, según detallaron fuentes parlamentarias a este diario. Congreso y Coresol disputan arbitraje El Grupo Coresol SAC y Compured SAC no se quedaron con los brazos cruzados, cuando el Congreso de la República decidió cancelar la compra de 980 computadoras y la misma cantidad de monitores. Sus abogados en Trujillo denunciaron al Parlamento y solicitaron una indemnización. Por su parte, el Congreso aceptó llevar el caso a un arbitraje, según confirmó la Dirección General de Administración del Parlamento a este diario. “El proceso de arbitraje ad hoc se encuentra en etapa inicial, conforme a las normas legales vigentes sobre la materia”, respondió de manera oficial. El oficial mayor, José Cevasco, dispuso derivar una copia del informe a la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios.
